Efectivos militares de El Salvador han bloqueado este jueves por sexta vez la inspección de instalaciones del Ejército que lleva a cabo el juez Jorge Guzmán, que investiga la masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 y en la que murieron casi un millar de civiles.
Las inspecciones han concluido este jueves en el Destacamento Militar número 4 de San Francisco Gotera, al que Guzmán no ha podido ingresar, como en las cinco inspecciones previas a guarniciones militares.
Los militares alegan que no tienen autorización para dejar entrar al juez, ya sea por órdenes recibidas por parte de sus superiores o porque, a su juicio, resulta contrario a la Constitución, según ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.
Ante la negativa, Guzmán ha advertido al oficial de las Fuerzas Armadas que lo ha recibido sobre posibles acciones penales por no obedecer las órdenes judiciales.
«Hacerle ver que todos estos bloqueos (…) a unidades militares podrían ser debidamente investigados, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales», ha avisado.
«No sólo podrían resultar involucrados las personas que les ordenan a ustedes, sino ustedes mismos por estar obedeciendo órdenes ilegales. El Código de Justicia Militar es claro: ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales», ha agregado.
Guzmán dio el viernes cinco días al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para entregar los archivos del Ejército sobre la masacre que supuestamente han sido desclasificados.
El pasado 24 de septiembre, Bukele ordenó la búsqueda de los archivos en cuestión, de los que dijo haber encontrado unos cuantos. Tal y como aseguró entonces, el resto fueron destruidos.
El propio Guzmán pudo a mediados de octubre ingresar finalmente a una instalación gubernamental para verificar si existe información relacionada con la matanza, después de que el Ejército de El Salvador bloqueara su acceso a estos archivos reiteradamente.
Guzmán acudió al Archivo General salvadoreño acompañado de fiscales, acusación particular y tres peritos forenses para recuperar información relacionada con la masacre. Efectivos militares llegaron a bloquear a Guzmán hasta en cuatro ocasiones, a pesar del pronunciamiento de la Corte Suprema del país, que concluyó que las inspecciones en archivos militares son legales y no perjudican a las Fuerzas Armadas.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.
