El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este jueves a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisionados, Juan Antonio Valle, Luis Alberto Pérez y Justo Pastor, por su papel en las «graves violaciones de Derechos Humanos» en el país en el marco de las protestas que estallaron en abril de 2018.
«El régimen de (el presidente, Daniel) Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense», ha indicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin en un comunicado. «El Tesoro ha asumido el compromiso de que rindan cuentas quienes procuran acallar a las voces democráticas en Nicaragua», ha aseverado.
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha precisado que las sanciones se aplican a la Policía Nacional de Nicaragua como entidad y a los tres comisionados designados, pero ha puntualizado que no se aplican a agentes individuales no designados.
Como resultado de la medida, todos los bienes de los tres comisionados y la entidad que se encuentren en Estados Unidos o en poder o control de estadounidenses quedan bloqueados.
En cuanto a la Policía Nacional, el texto ha señalado que es «responsable o cómplice, o partícipe directa o indirectamente, en graves violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua», además de «ser responsable o cómplice (…) de ordenar, controlar o instruir de otra forma (…) actos significativos de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones de Derechos Humanos contra personas vinculadas a las manifestaciones» de 2018.
Según el Tesoro estadounidense, la Policía nicaragüense es «responsable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros».
Asimismo, el departamento que lidera Mnuchin ha aducido que «las fuerzas parapoliciales, un grupo paramilitar integrado por voluntarios que suelen ser agentes de la Policía Nacional vestidos de civil, operan con impunidad siguiendo instrucciones» del cuerpo.
En este sentido, ha destacado que, en julio de 2018, la Policía y las fuerzas parapoliciales «llevaron adelante la ‘Operación Limpieza’ para reprimir a manifestantes y despejar barricadas en las calles, con un saldo de cerca de 100 personas muertas».
En cuanto a los comisionados designados, el Departamento del Tesoro ha indicado que son objeto de sanciones por ser autoridades la Policía Nacional, «una entidad que (…) ha cometido graves violaciones de Derechos Humanos» en Nicaragua, también en el marco de las protestas de 2018.
REPRESIÓN, TORTURAS O VIOLACIONES
Valle, según Estados Unidos, «ha participado en actos significativos violencia o conductas que constituyen graves abusos o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas». Como jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje del cuerpo policial, «ha limitado de manera sistemática la libertad de circulación y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua», ha subrayado el texto.
Pérez, por su parte, es jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía y director de la cárcel El Chipote, «tristemente célebre por las prácticas abusivas que se cometen allí». En su caso, el Tesoro estadounidense ha resaltado «torturas, violaciones sexuales, descargas eléctricas, laceraciones provocadas con alambre de púa, estrangulamientos y golpizas con tubos de acero».
Por último, Pastor, comisionado de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, «sigue teniendo un rol central en la represión en todo el país», según el departamento estadounidense.
La crisis en Nicaragua, que estalló en abril de 2018, comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron por la represión de las protestas. Expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han recomendado procesar al líder sandinista por delitos de lesa humanidad.
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