Este 11 de marzo hace 30 años desde que Patricio Aylwin asumió la banda presidencial, restaurando así la democracia en Chile. Desde entonces la situación de los Derechos Humanos ha cambiado radicalmente, aunque hay importantes «tareas pendientes», incluida una fuerza pública «brutal». Ahora, el proceso constituyente en marcha ofrece al país una «enorme oportunidad» para consolidarse como «una democracia moderna».
El general Augusto Pinochet llegó al poder con el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973 contra el Gobierno de Salvador Allende y gobernó con puño de hierro los siguientes 17 años. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 para decidir si el caudillo continuaba marcó el principio del fin. El ‘No’, que optó por mostrar un futuro de oportunidades en lugar de ahondar en el sufrimiento pasado, logró imponerse y despejó el camino para que el 14 de diciembre de 1989 los chilenos votaran libremente por Aylwin.
«Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no hay punto de comparación entre el Chile actual y el Chile de la dictadura», afirma el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, en una entrevista concedida a Europa Press.
En el Chile de Pinochet, ilustra Vivanco, había «una concentración total del poder», una «falta de libertades elementales, empezando por la libertad de expresión», y una «persecución sistemática» que se tradujo en numerosos «prisioneros políticos». Según la Comisión de la Verdad, el régimen castrense dejó 31.686 víctimas directas, entre ellas 28.459 torturadas y 3.227 ejecutadas o desaparecidas.
«Ya felizmente en Chile se acabaron hace muchos años las ejecuciones, las desapariciones y las torturas» para dar paso a «una sociedad abierta y democrática» que permite a los chilenos disfrutar de los derechos y libertades fundamentales como parte de «un modo de vida cotidiano».
Para Vivanco, el principal avance en estas tres décadas de democracia ha sido precisamente la existencia de «una sociedad que cuenta con oportunidades para el ejercicio de los derechos y las libertades sin temor a la represión brutal propia de la dictadura».
Destaca igualmente «un Poder Judicial independiente, que ha demostrado voluntad y capacidad de investigación frente a los abusos del pasado y del presente». A este respecto, recuerda que «los máximos responsables de los organismos de Inteligencia y de Seguridad de Pinochet, que estuvieron a cargo de la represión, están o han estado en prisión».
UNA FUERZA PÚBLICA «BRUTAL»
Aunque los avances en materia de Derechos Humanos en estos 30 años «son realmente notables», «obviamente todavía hay tareas pendientes», algunas de las cuales han quedado en evidencia con la ola de protestas que comenzó el pasado mes de octubre y que aún colea.
Vivanco señala en este sentido los «déficits» de la fuerza policial, esto es, Carabineros. Por un lado, se trata de «una fuerza pública que ha sufrido graves escándalos de corrupción, lo cual ha dañado su reputación y credibilidad a nivel nacional». «Pero más aún, ha demostrado ser tremendamente incompetente y brutal en tareas de orden público, como lo estamos constatando desde octubre a la fecha, y también en lo que es el control de la delincuencia en sectores periféricos», apunta.
Carabineros está en el punto de mira desde el estallido social. Más de 30 personas murieron por los choques entre manifestantes y uniformados, incluidos cinco casos de los que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) culpa a las fuerzas de seguridad. La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones sobre la represión de las protestas.
En respuesta a las denuncias del INDH, de la Fiscalía y de HRW –que publicó un demoledor informe en noviembre–, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció una profunda reforma de la institución armada. «Necesitamos una Policía del siglo XXI», dijo el ministro de Interior Gonzalo Blumel.
El jefe de HRW para las Américas coincide en que Carabineros «merece una reforma profunda a la capacitación, al entrenamiento y a los mecanismos de control efectivo de su conducta» para acabar con un rendimiento que considera «mediocre».
EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS GENERACIONES
Otra de las «tareas pendientes», en opinión de Vivanco, es la educación pública, ya que «durante todos estos años de democracia prácticamente ha sido abandonada», lo que ha generado a su vez un problema de «adhesión al sistema democrático» por parte de las nuevas generaciones.
«Los jóvenes, en su gran mayoría, (…) no se sienten integrados en el proceso democrático, en gran medida, porque las oportunidades son muy escasas o prácticamente inexistentes, especialmente las que son producto de la educación pública», explica.
A ello se suman «problemas muy serios en materia de servicios públicos», entre ellos el acceso al sistema de salud y a las pensiones, «que son buena parte de las razones por las que hay manifestaciones en Chile».
Vivanco también ve en el tintero los derechos de los pueblos indígenas, puesto que «durante muchos años se recurría fácilmente a la ley antiterrorista por problemas que tienen unas causas complejas», en lugar de apostar por «un diálogo esencialmente político para buscar salidas».
En el caso de los derechos de la comunidad LGTBI y de los derechos de las mujeres, observa progresos pero también margen de mejora. Así, confía en que en los próximos años se legalice el matrimonio homosexual y en que el aborto, que ya es legal en tres supuestos, se permita en las primeras semanas de embarazo «sin que deba concurrir una causal especial».
«UNA ENORME OPORTUNIDAD»
Una de las principales demandas de los manifestantes ha sido la elaboración de una nueva Constitución que sustituya a la llamada Ley Pinochet para acabar con la desigualdad social que denuncian. Pese a la reticencia inicial, el Gobierno terminó accediendo y el 26 de abril los chilenos decidirán en plebiscito si cambian la Carta Magna y cómo lo hacen.
«Es una enorme oportunidad», asegura Vivanco. En primer lugar, para remediar el «pecado original» que supone que la actual Constitución fuera escrita y aprobada por la dictadura de Pinochet y, en segundo, porque «el texto constitucional chileno está muy por debajo de los estándares, incluso regionales, de los mecanismos de protección a los derechos básicos».
La norma vigente tiene «deficiencias serias» en lo relativo al reconocimiento y al ejercicio de derechos y libertades y está «plagada» de referencias al «fantasma del terrorismo», dos cuestiones que «ninguna Constitución del siglo XXI, y menos una democrática», puede permitirse, por lo que «hay que hacer una limpieza», sostiene.
Vivanco menciona igualmente «una serie de omisiones» a los derechos económicos y sociales, algo que también está en el origen de la ola de protestas. El experto chileno subraya que «no son meramente aspiracionales» porque el hecho de que estén consagrados en la Constitución permite «buscar las maneras de hacer viables esos compromisos».
No obstante, advierte de que el proceso constituyente conlleva una gran «responsabilidad», ya que «no se trata de convertir el texto constitucional en un panfleto», sino de «construir un techo lo suficientemente alto y amplio donde todos los actores políticos se sientan representados con objetivos comunes».
Si Chile hace este «esfuerzo», valora Vivanco, entrará en una fase de «profundización y consolidación de lo que es una democracia moderna, una democracia plural, con suficientes ámbitos de protección y tolerancia para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales».
