El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que este miércoles hará un «último intento» enviando a la Asamblea Legislativa una nueva ley de emergencia con la que hacer frente a la pandemia de coronavirus, el mismo día en que la Corte Suprema ha advertido al Gobierno de que no tiene potestad para recortar derechos constitucionales.
La lucha contra la COVID-19 se ha convertido en El Salvador en motivo de una disputa política a tres bandas en las que el Gobierno, la Asamblea y la Corte Suprema se han cruzado reproches y trabas en estos últimos meses. Al menos 4.973 personas se han contagiado en el país centroamericano, donde se han registrado también 113 fallecidos.
El sábado, Bukele pidió por carta a los diputados recuperar competencias para gestionar la pandemia, después de vetar a su vez varias de las medidas impulsadas desde la Asamblea.
«Haremos el último intento, enviando una iniciativa de ley», ha anunciado Bukele en sus redes sociales, anticipando un movimiento previsto en principio para este miércoles y que previsiblemente derivará en un nuevo pulso entre las distintas partes.
El mandatario considera que, si los diputados rechazan este nuevo texto, «el Gobierno quedaría como un simple administrador de hospitales». «En ese caso, seremos los mejores administradores de hospitales que podamos ser», ha ironizado Bukele.
CUESTIÓN DE COMPETENCIAS
La Sala de los Constitucional del Supremo se ha pronunciado de nuevo para responder a un llamamiento de Bukele y matizar que no puede «devolver» al Gobierno ninguna competencia para recortar derechos básicos, ya que la Carta Magna aprobada en 1983 dejaría esta potestad en manos del órgano legislativo.
En este sentido, los magistrados han alegado que no ha despojado al Ejecutivo de «todos los recursos legales» ni lo ha convertido «en un administrador de hospitales y un emisor de recomendaciones a la población», según informa el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.
Bukele ha asegurado que la Corte Suprema «prácticamente» ha dicho con su última valoracion «que las constituciones del mundo están mal» y que la de El Salvador, «que amparó a los presidentes corruptos del pasado», no da facultades al Gobierno para hacer frente a la pandemia.
En este sentido, ha subrayado que «el derecho de uno termina donde empieza el del otro», sobre todo cuando está en riesgo «el derecho a la vida», y que este último está «muy por encima» del derecho a la circulación o al libre tránsito. «No todos los derechos tienen igual ponderación», ha aseverado, apuntando también que «el derecho colectivo está por encima del individual».
«Aunque ustedes resuelvan lo contrario, están cometiendo un crimen contra el pueblo», ha remachado el presidente.
