El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este jueves que cesará del Gobierno a quien proponga la expropiación de propiedades como pena por crímenes ambientales, después de una propuesta lanzada desde el Consejo Amazónico, presidido por el vicepresidente del país, el general retirado Hamilton Mourao.
«La propiedad privada es sagrada y no hay posibilidad en ese sentido. Y si alguien lo plantea, simplemente le despido del Gobierno, salvo que esa persona sea indispensable», ha dicho Bolsonaro durante el habitual encuentro que mantiene con sus incondicionales a las puertas del Palacio de la Alvorada.
Bolsonaro ha señalado que esta propuesta es «delirante», que las expropiaciones son propias de «países socialistas y comunistas» y no de su Gobierno, y que esta «historia» no es más que «una mentira», o bien la idea de un «deslumbrado» que decidió filtrar esa noticias.
Dicha propuesta forma parte de una serie de documentos elaborados durante la tercera reunión del Consejo Amazónico, celebrado la semana pasada, y en los que se considera una «acción estratégica prioritaria», la expropiación de fincas rurales y urbanas «afectadas por delitos ambientales o por la ocupación y explotación ilegales de tierras públicas».
Por su parte, el vicepresidente Mourao ha declarado que no ha abordado la situación con Bolsonaro, pero que la propuesta no deja de ser «un estudio» que deberá pasar previamente por el análisis del resto de ministerios, como el de Agricultura, antes de que llegue a manos del presidente brasileño.
Mourao, sin embargo, ha matizado que la noticia «está fuera de contexto» y ha asegurado ante los medios, que si el fuera el presidente, «también estaría extremadamente irritado», pues se trata de «un estudio» que tiene «que ser concluido y sólo después ser sometido a la decisión» de Bolsonaro.
Según las leyes brasileñas, la expropiación de tierras sólo es permitida en aquellas en las que se hallen cultivos ilegales o trabajadores en condiciones de esclavitud, aunque en dicha propuesta se contempla la posibilidad de una propuesta de enmienda de la Constitución para incluir los casos de delitos ambientales.
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