El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado este miércoles que su Gobierno hizo «más de lo que está obligado a hacer» en la gestión de la crisis de Manaos, la capital de Amazonas, donde la pandemia ha dejado hospitales y cementerios abarrotados y a sus autoridades sin poder atender la demanda de oxígeno.
«Hemos dado dinero, recursos y medios. Nadie nos informó de la falta de oxígeno», ha asegurado Bolsonaro durante uno de los habituales encuentros improvisados que mantiene con sus seguidores a las puertas del Palacio de la Alvorada, en Brasilia.
«En el estado tiene que haber alguien que se encargue de prever cuando puede faltar una cosa para tomar medidas. Nosotros fuimos más allá de aquello de lo que estábamos obligados a hacer», ha justificado, según refleja el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
Sin embargo, sus palabras contrastan con la reciente investigación, a petición de la Fiscalía, que el Tribunal Supremo ha avalado, contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, a quien se le acusa de un delito de omisión por haber reaccionado tarde ante la situación en Manaos, que acabó de estallar el pasado día 14 de enero.
Pazuello, el tercer ministro de Salud que tiene Brasil desde el origen de la pandemia, fue negligente al no actuar a tiempo aún sabiendo del colapso sanitario al que se enfrentaba Manaos, así como del retraso de la llegada de oxígeno y de la necesidad de trasladar a muchos pacientes a otras regiones y estados con el fin de aliviar la saturación que sufrían los hospitales.
BOLSONARO y EL USO DE LA CLOROQUINA
Por otro lado, Bolsonaro también ha hecho referencia al último escrito del Tribunal Federal de Cuentas de Brasil (TCU), que exige al Gobierno, en un plazo de cinco días, una explicación acerca de su postura en relación a la cloroquina, así como por el dispendio de un millón de reales (más de 150.000 euros) de dinero público en su compra, puesto que no hay estudios científicos que avalen el uso de este fármaco contra el coronavirus.
Tras varios meses anunciando los supuestos beneficios de este medicamento, utilizado para tratar la malaria, y pese a los informes que aseguran que los pacientes con COVID-19 que lo toman presentan episodios de arritmias y problemas respiratorios, Bolsonaro ha defendido hora que ellos «no indican», sino que «sugieren».
«Lo voy a dejar bien claro, es el médico que está en primera línea quien decide. Como no hay un remedio específico para esto, muchos médicos optan por la ivermectina y la hidroxicloroquina. Tenemos además la opinión del consejo Médico Federal que pide respetar el tratamiento», ha aseverado.
El presidente del TCU, Benjamin Zymler, señaló el martes que «no existe amparo legal» para utilizar los recursos del Sistema Único de Salud (SUS) en la compra de este fármaco, ya que no cuenta con la autorización para tal fin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), o de autoridades extranjeras.
El uso de la cloroquina para tratar la COVID-19 se ha convertido en una cuestión de Estado en Brasil, después de que el presidente, Jair Bolsonaro, se haya mostrado tan a favor de su uso –él mismo la está tomando tras dar positivo– y de que sus anteriores ministros de Salud, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, optaran por dejar el cargo debido a las grandes diferencias acerca de la conveniencia de administrar este fármaco.
Zymler también evidenció el cambio de posición adoptado por el ministro Pazuello, quien tras meses defendiendo su uso, en los últimos días aseguró que «nunca» dio autorización al Ministerio para que elaborase «protocolos» para su recomendación y distribución.
Mientras tanto, Brasil ha alcanzado en el último día los 220.161 fallecidos a causa del coronavirus, tras las 1.238 bajas registradas este miércoles. En total, más de 8,99 millones de personas han contraído la enfermedad, de las cuales hay 7,87 millones que se han recuperado.
