El Gobierno de Bolivia ha salido este martes a defender otra vez su nuevo decreto 4231, con el que pretende perseguir y castigar las noticias falsas y la desinformación, y ha apuntado a que, si bien «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión«, esta en ocasiones «puede estar sujeta a ciertas restricciones» y «ser necesarias para la protección de la seguridad nacional».
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación, el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, ha querido aclarar que este nuevo decreto «no crea delitos», ya que sólo «informa de que ciertas acciones estarán sujetas a denuncias por la comisión de delitos ya establecidos en el Código Penal».
«La sociedad boliviana ha asociado esta medida con una presunta, pero inexistente, intención del Gobierno de tomar represalias» contra la libertad de expresión, «pilar fundamental de la democracia», explica el texto, que matiza que el decreto fue «redactado con el ánimo de proteger a la sociedad de las noticias falsas».
El pasado 7 de mayo, el Gobierno de Bolivia promulgó un nuevo decreto, en base a la modificación de dos medidas anteriores, con el que el endurecer de las penas contra aquellas personas que difundan información sobre la pandemia de Covid-19 que «afecte a la salud pública» o «genere incertidumbre», amparándose en la declaración de emergencia sanitaria decretada hace dos meses.
El Gobierno ha sustentado sus argumentaciones apelando a leyes y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en cuyo artículo 19 se señala que, si bien el derecho de expresión es fundamental, también «entraña deberes y responsabilidades especiales», por lo que puede estar sujeto a «ciertas restricciones fijadas por ley» si con ello se está salvaguardando la «seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas».
La medida fue acogida con preocupación y críticas por parte de la prensa y políticos del país. La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) manifestaron el lunes su rechazo al decreto «porque establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión».
El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, denunció también este «nuevo atentado a las libertades democráticas» en Bolivia y exigió su anulación inmediata.
Por su parte, el también candidato presidencial Carlos Mesa, aliado político de Áñez, tachó la norma de «autoritaria, que vulnera derechos constitucionales fundamentales».
A nivel internacional también se han pronunciado negativamente ante esta situación la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera alejado de la ley el «uso del derecho penal para expresiones de interés público»; o la ONG Human Rights Watch (HRW).
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