Amnistía pide investigaciones penales contra mandos de los Carabineros

Altos mandos del cuerpo de Carabineros deberían ser investigados por las violaciones de los Derechos Humanos que se cometieron durante la represión del estallido social vivido hace un año en Chile contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, según ha reclamado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

La ONG ha analizado en ‘Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social’ a actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y ha llegado la conclusión de que se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.

«Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa», ha denunciado la directora para las Américas de Amnnistía, Erika Guevara Rosas.

«La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de Derechos Humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social», ha subrayado.

Además, Amnistía ha aclarado que, al margen del lapso de tiempo analizado, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo pasado, cuando la pandemia de coronavirus hizo cesar temporalmente las protestas.

Recientemente, han vuelto a registrarse algunas manifestaciones en Santiago en las que ha habido nuevamente episodios de violencia policial. La organización cita el ejemplo de la muerte del adolescente de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.

REFORMA DE CARABINEROS

Así las cosas, Amnistía sostiene que el uso excesivo de la fuerza y la impunidad en el seno de Carabineros por violaciones de Derechos Humanos cometidas por sus agentes no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre de 2019, sino que son parte de «un patrón histórico que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas».

Tras su análisis en profundidad de las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de 12 personas, Amnistía ha llegado a la conclusión de que existen razones para considerar que al menos el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de Derechos Humanos a través de información pública y oficial.

Así, ha precisado, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas, o con bombas lacrimógenas, entre ellas trauma ocular, con 347 casos hasta el 30 de noviembre de 2019. Para marzo de este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta cifra ascendía a 460.

Además, los citados mandos estratégicos tardaron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y de que los casos de trauma ocular registrados. La creación de un equipo para asesorar al general director tampoco supuso apenas cambios en la estrategia y planificación de la gestión de las operaciones.

SIN SANCIONES DISCIPLINARIAS

Según Amnistía, durante el periodo analizado no hubo prácticamente sanciones disciplinarias a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente 16 conllevaron el cese del puesto, ha precisado.

En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados, lo cual permitió que funcionarios involucrados en violaciones de Derechos Humanos permanecieran en sus puestos y, según la ONG, alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución.

Como resalta Guevara Rosas, «oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza».

Sin embargo, «lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese», ha lamentado, incidiendo en que «esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba».

Por otra parte, la ONG también pone en tela de juicio la actuación de ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), quienes tampoco habrían ejercido un debido control sobre sus subordinados, como era su obligación, y dirigieron y coordinaron operaciones en las que oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad.

«El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes», ha señalado Guevara Rosas.

FALTA DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Así las cosas, Amnistía ha defendido que la política adoptada por los mandos estratégicos de Carabineros no habría sido posible si el Gobierno de Piñera hubiera ejercido un control adecuado. Sin embargo, según el informe, los intentos del Ejecutivo fueron insuficientes y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.

«Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo», ha reclamado Guevara Rosas.

Para la responsable de Amnistía, «si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y la rendición de cuentas».

Además, es necesario atender las demandas de la población que detonaron el «estallido social». En este sentido, Amnistía considera que el proceso para la adopción de una nueva Constitución es una oportunidad histórica que debe permitir que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todos.

Según Guevara Rosas, «la Fiscalía Nacional y el poder judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por Carabineros». «La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido», ha remachado.

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