El texto señala que Boluarte, en calidad de jefa del Estado y de las Fuerzas Armadas, habría violado cinco artículos de la Constitución, como los de garantizar el respeto a la vida, a los Derechos Humanos, o el de hacer cumplir las leyes.
Junto a ella han sido también denunciados el ex primer ministro Pedro Angulo y su sucesor Alberto Otárola, y los actuales titulares del Interior, César Cervantes; y de Justicia José Tello, quienes, según la congresista Luque, «contribuyeron en la perpetración de los ilícitos (…) al ser parte del aparato de poder»
En ese sentido, Luque sostiene que los cuatro son responsables directos al tener dominio y control de la toma de decisiones sobre la «intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas» durante las protestas.
Luque también menciona en la denuncia que las leyes peruanas prohíben a las fuerzas de seguridad «disparar indiscriminadamente» durante el ejercicio de sus funciones, tal y como mostraron los medios de comunicación durante el operativo en Ayacucho, donde varias personas, algunas de las cuales no participaban de las protestas, murieron por estas acciones de la Policía y el Ejército.
