El anuncio fue realizado este martes por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, quien explicó que el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como eje central de la reforma.
La iniciativa responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de corregir las condiciones criminógenas que afectan tanto a las personas privadas de libertad como a los adolescentes en conflicto con la ley, y que terminan impactando en la seguridad pública.
El Gobierno peruano apuesta por una unificación estructural del sistema penitenciario y juvenil para recuperar el control del Estado en las cárceles
Disolución del INPE y fusión con el sistema juvenil
La creación de la SUNIR implicará la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta ahora el principal organismo encargado de la administración carcelaria en Perú, así como su fusión con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).
De este modo, ambas instituciones quedarán integradas en una sola entidad con una estructura moderna, especializada y con mayor capacidad de decisión, según subrayó el ministro Martínez durante su comparecencia.
El objetivo declarado es restablecer el principio de autoridad en los centros penitenciarios, reforzar los procesos de reinserción social juvenil y fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
La nueva superintendencia unificará la gestión de cárceles y centros juveniles bajo un solo mando estatal
Implantación antes de junio
El titular de Justicia precisó que la creación formal de la SUNIR se realizará en el corto plazo, mientras que el conjunto de la reforma del sistema penitenciario deberá estar plenamente implementado antes de junio de este año.
Además de los cambios institucionales, la reforma incluirá medidas operativas concretas para reducir los factores de criminalidad dentro de las cárceles. Entre ellas, el Gobierno contempla requisas permanentes, así como la reclasificación y separación de los internos en función de su nivel de peligrosidad.
El plan incorpora requisas, reclasificación de internos y medidas operativas contra las condiciones criminógenas
Contexto de emergencia por criminalidad
La reforma se produce en un momento en el que Perú atraviesa una grave crisis de seguridad ciudadana, provocada por el alza sostenida de la criminalidad. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia en varias jurisdicciones del país, incluida Lima, la capital.
El Gobierno considera que el control del sistema penitenciario es una pieza clave para frenar la expansión del crimen organizado y reducir su impacto en las calles, en un contexto de fuerte presión social por el deterioro de la seguridad.
