Congreso de Perú
El país afronta este domingo unos comicios con más de 27 millones de electores llamados a las urnas y una fragmentación inédita, con 35 candidatos en liza. En este contexto, la seguridad se ha consolidado como el eje central del debate político y electoral.
La subida de la criminalidad y la debilidad institucional sitúan la seguridad como la principal preocupación del electorado peruano
Los datos oficiales reflejan un deterioro del escenario de seguridad en Perú. La tasa de homicidios se situó en 10,7 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a las 8,6 registradas en 2021, lo que evidencia un incremento de la violencia.
En paralelo, las denuncias por extorsión alcanzaron las 26.585 en 2025, lo que supone un aumento del 16% respecto a las 22.361 denuncias registradas en 2024. Este fenómeno ha golpeado especialmente a transportistas y pequeños comerciantes, que han protagonizado protestas ante las amenazas de mafias.
| Indicador | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tasa de homicidios (por 100.000 hab.) | 8,6 | — | 10,7 |
| Denuncias por extorsión | — | 22.361 | 26.585 |
Estos datos explican el peso que ha adquirido la seguridad en la campaña electoral, desplazando otros debates económicos o sociales.
La criminalidad crece con fuerza en Perú y afecta especialmente a trabajadores y pequeños negocios
La campaña electoral ha evidenciado dos grandes bloques de propuestas frente a la inseguridad. Por un lado, los candidatos que defienden políticas de “mano dura”, con mayor endurecimiento penal y medidas excepcionales.
Por otro, se sitúan quienes apuestan por reforzar la inteligencia policial, mejorar la coordinación institucional y acometer reformas legales para combatir las estructuras criminales.
En este debate también han ganado protagonismo las llamadas “leyes procrimen”, criticadas por algunos sectores al considerar que dificultan la persecución de organizaciones delictivas al limitar herramientas judiciales y redefinir ciertos delitos.
El debate electoral se divide entre endurecer las penas o reformar el sistema judicial y policial
Entre los candidatos mejor posicionados destacan Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, todos con enfoques distintos sobre la seguridad.
López Aliaga plantea medidas contundentes como la salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para facilitar la implantación de la pena de muerte en delitos graves, así como la creación de jueces sin rostro y nuevas cárceles de alta seguridad.
Fujimori defiende una estrategia de “mano firme”, combinada con una reforma integral del sistema de justicia. Entre sus propuestas figura la creación de un sistema integrado de información criminal y la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Álvarez apuesta por una estrategia integral que combine prevención, control e investigación, aunque también propone la salida del Pacto de San José y la aplicación de la pena de muerte para delitos graves.
Los favoritos combinan propuestas de castigo, reformas institucionales y cambios en el marco legal internacional
Las elecciones se celebran en un contexto de fuerte inestabilidad política, tras una década marcada por la sucesión de gobiernos y conflictos entre poderes del Estado.
Además de la presidencia, los ciudadanos elegirán a un nuevo Congreso, que volverá a ser bicameral tras más de tres décadas. Este escenario añade incertidumbre a unos comicios en los que ningún candidato domina claramente las encuestas.
La inseguridad, en este contexto, no solo es un problema social, sino también un indicador de la capacidad del próximo Gobierno para recuperar el control institucional y la confianza ciudadana.
El resultado de la primera vuelta marcará el rumbo de un país que busca respuestas urgentes a una crisis de seguridad que se ha convertido en el principal desafío político y social.
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