La fiscalía anticorrupción allanó el viernes la sede de la cúpula empresarial peruana en Lima, en el marco de una investigación sobre aportes ilegales a la campaña de la líder opositora Keiko Fujimori en las elecciones de 2011 y 2016, informó el poder judicial.
La diligencia «tiene por objetivo encontrar documentación como facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro vinculados a donaciones, recepción o entrega de dinero que hizo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) para campaña política de las elecciones 2011 y 2016», señaló una resolución del Poder Judicial divulgada por la prensa.
La intervención se produce cuando Keiko debe recuperar este fin de semana su libertad, después de que el Tribunal Constitucional anulara el lunes la prisión preventiva que cumplía desde hace casi 13 meses por el escándalo de la brasileña Odebrecht.
La líder opositora es investigada por recibir presuntos aportes ilegales de Odebrecht por un monto de 1,2 millones de dólares para su campaña electoral en 2011.
El allanamiento lo dirige el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien se ha labrado a fuego una reputación de implacable.
Los fiscales, que actúan bajo una orden judicial, realizan el registro en el local de la CONFIEP, ubicado en el exclusivo distrito de San Isidro.
Los investigadores buscan además «comprobantes vinculados a gastos y compras que realizó el gremio empresarial en dicho contexto (electoral)».
«Me sorprende, ya toda la documentación ha sido entregada en su momento», reaccionó la presidenta de la patronal, María Isabel León, en declaraciones a la prensa.
El allanamiento se realizó mientras la élite empresarial está reunida desde el jueves en un evento anual en el balneario de Paracas, 250 km al sur de Lima.
La fiscalía procedió a esta intervención luego de que un grupo de empresarios peruanos declararan haber contribuido con más de cuatro millones de dólares a la campaña de Keiko.
El banquero Dionisio Romero, presidente de Credicorp, uno de las mayores grupos del país, destapó la olla de esos aportes cuando reveló a mediados de mes al fiscal Pérez que había entregado 3,6 millones de dólares a la lider de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial del 2011.
Es la segunda vez que la sede empresarial es allanada. Antes ocurrió en marzo de 2018.
«Justicia sí, excesos no», apostilló CONFIEP en twitter.
Keiko, de 44 años, fue enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir en las indagaciones de la fiscalía sobre el escándalo de Odebrecht.
Responsables de la constructora confesaron haber repartido ilegalmente decenas de millones de dólares entre miembros de la clase política peruana, incluidos cuatro expresidentes.
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