Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor de Castillo Bruno Pacheco, y el exiministro de Defensa Walter Ayala «habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo», gracias al que, junto al presidente, se habrían beneficiado económicamente.
Debido a estas acusaciones, Castillo ha sido citado a declarar ante la Fiscalía el 4 de agosto, un día después de que lo haga Pacheco, quien actualmente está prófugo de la Justicia peruana, apunta la emisora RPP.
El Ministerio Público investigará si Castillo acometió el delito de tráfico de influencias, abriendo así un caso similar al que cerró en su día la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos, quien arguyó que no se podía investigar a un presidente durante su mandato.
De acuerdo con las sospechas de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, Castillo, Ayala y Pacheco habrían concedido de manera irregular el ascenso a dos miembros del Ejército, otros tres del la Fuerza Aérea y dos más de la Policía Nacional, según informa el diario ‘El Comercio’.
La investigación apunta a que Pacheco habría sido el encargado de organizar las promociones fraudulentas desde el Palacio de Gobierno y contando con el apoyo de Ayala desde el Ministerio de Defensa. Además, se estima que se habrían producido reuniones en la sede presidencial con coronales de la Policía Nacional para presionarlos y acometer los presuntos delitos.
