«Los hallazgos en la presente investigación congresal permiten afirmar que estamos ante la presunta comisión de varios delitos», se indica en el informe al que tuvo acceso el diario local El Comercio.
Según la comisión, el mandatario estaría involucrado como presunto integrante de una mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Esta organización, conformada por empresarios y exfuncionarios cercanos a Castillo, se dedicó a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.
El presidente también estaría involucrado en una serie de ascensos indebidos de altos mandos en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la comisión considera que el mandatario habría utilizado un inmueble en Lima (centro) como despacho presidencial.
Según leyes, el presidente sólo puede usar como despacho el Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo), por lo que el informe determina que Castillo habría empleado el inmueble para pactar actos de corrupción sin tener el registro de reuniones que la normativa manda.
Por otro lado, la comisión dijo que el jefe de Estado se habría coludido con su exsecretario Bruno Pacheco para favorecer a empresas en asuntos impositivos ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
El informe recomienda acusar al presidente por infracciones a la Constitución a causa de la comisión de los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
El informe deberá pasar al pleno para que sea votado y, eventualmente, Castillo reciba sanciones políticas que podrían incluir su inhabilitación para ejercer la función pública.
