La presidenta de Perú, Dina Boluarte / Foto: El Comercio - Zuma Press - Contactofoto
La posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte enfrentara un juicio penal por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno ha sido descartada por el Congreso peruano. El órgano encargado de revisar la denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), ha determinado que no existen elementos suficientes para vincular las decisiones de la mandataria con los hechos violentos que dejaron decenas de víctimas civiles.
El documento aprobado por la SAC concluye que no se identificaron órdenes directas ni actuaciones dolosas atribuibles a la presidenta durante el periodo de las protestas. “No se ha demostrado un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados lesivos”, recoge el informe, que recomienda el archivamiento definitivo de la acusación.
Este resultado significa que la denuncia constitucional no pasará al pleno del Congreso, lo que evita que Boluarte enfrente una posible destitución y un proceso penal por homicidio calificado.
El Congreso frena así una iniciativa que podría haber abierto la vía judicial para investigar a Boluarte por las muertes ocurridas bajo su Gobierno
El exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien ocupó el cargo entre 2023 y 2024, presentó la denuncia en junio de 2024, argumentando que la presidenta era responsable intelectual por las muertes registradas en enfrentamientos entre ciudadanos y la policía.
En su acusación, Villena señalaba que, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Boluarte tenía responsabilidad en el uso de la fuerza durante las manifestaciones, particularmente en la región sur del país, donde se registraron la mayoría de las víctimas.
Las protestas ocurrieron principalmente entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en respuesta a la crisis institucional generada tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Durante esos meses, 44 civiles perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que derivó en múltiples denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejército.
Las muertes durante las protestas pusieron en tela de juicio el actuar del Gobierno y de las fuerzas del orden, generando múltiples críticas a nivel nacional e internacional
La decisión de archivar la denuncia contra Boluarte ha generado controversia entre sectores políticos y sociales, que consideran que el Congreso actuó con parcialidad para proteger a la presidenta. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de justicia para las víctimas.
Con el archivo de la denuncia, se cierra por ahora el camino institucional para una investigación penal contra Dina Boluarte, aunque no se descarta que puedan surgir nuevas acciones legales o internacionales en el futuro.
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