Keiko Fujimori
La investigación se basa en «una aparente entrega de dinero a favor de Fuerza Popular», el partido de Fujimori, así como en la vulneración de reglas de conducta que habría incumplido Keiko Fujimori en la investigación abierta por el caso de la financiación de la campaña.
«Fuerza Popular estaría, bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que corresponde sostener -en grado de sospecha inicial simple- que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña 2021, lo que calificaría en el delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia», ha señalado el fiscal.
Estos hechos tienen su fundamento en las grabaciones publicadas del exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en las que instaba a un reconocido fujimorista a pagar tres millones para sobornar a las autoridades electorales y lograr que Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta de Perú.
Montesinos afirma también en esas grabaciones que Keiko Fujimori y Fuerza Popular «han recibido un montón de plata, pero se la han tirado (…). Se la están tirando en ellos».
Tras conocerse la noticia de la apertura de diligencias, la propia Fujimori ha criticado en Twitter la medida y ha señalado al fiscal José Domingo Pérez. Además, ha anunciado que pedirán que Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, «sea excluido de este caso» por un supuesto «sesgo».
«El fiscal que ya ha pedido mi encarcelamiento cuatro veces vuelve al ataque abriendo investigación por los audios armados por Montesinos y sus amigos acusándome por lavado de activos. Me involucra por conversaciones con gente que no tiene ninguna relación conmigo», ha afirmado.
«Creo que ya fue suficiente con su obsesión y afán de figuración. Voy a solicitar al Ministerio Público y a otras instancias su exclusión de este nuevo caso para evitar que su evidente sesgo desvirtúe esta investigación», ha remachado.
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.
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