La ley, que ha salido adelante con 49 votos a favor, establece concretamente que quien «individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años».
En el caso de que la persona ocupe una propiedad privada para «instalarse» u «ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno», la pena de cárcel asciende hasta los diez años.
Sectores campesinos e indígenas, señalados con frecuencia como sectores que realizan estas invasiones en el interior de Paraguay y en las zonas de Asunción y Central, se han movilizado desde primera hora en contra de la normativa y han protestado en las inmediaciones del Congreso paraguayo.
Según la información recogida por el diario ‘ABC Color’, muchos de estos manifestantes han quemado vehículos y motos y han generado disturbios.
