Cobre
El 15 de diciembre, en un mensaje a la nación, Cortizo ordenó el cese de las operaciones de Minera Panamá, luego que la casa matriz se negara a la firma de un contrato favorable al interés nacional.
La orden ejecutiva se fundamentó en el cumplimiento de una sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la inconstitucionalidad del Contrato Ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., precedente de la Minera Panamá, S.A.
El yacimiento produce anualmente 300.000 toneladas de concentrado de cobre, que significan el 75 por ciento de las exportaciones y cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del país canalero.
El abogado Roberto Ruiz presentó jueves ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra la empresa Minera Panamá por delitos contra el ambiente y defraudación fiscal.
El recurso legal argumenta que la compañía sigue explotando recursos naturales a pesar de fallo de la CSJ, tomado el 21 de diciembre de 2017.
La denuncia añade que la trasnacional norteña opera sin pagar los impuestos correspondientes al fisco panameño.
En declaraciones este viernes a Radio Panamá, Ruiz argumentó que la denuncia se basa en el vencimiento, el 16 de diciembre, del tiempo perentorio otorgado a la Minera Panamá con el compromiso de firmar un nuevo contrato sobre la concesión, extracción y comercialización de los recursos mineros en el área de Donoso.
Dijo que la empresa extranjera trata de imponer una serie de concesiones al Estado panameño.
El jurista recordó que tras el fallo de la Corte Suprema, en diciembre de 2021, que declaró inconstitucional el Contrato-Ley de 2017, la compañía continuó la actividad productiva sin el amparo de un instrumento legal.
En medio de una semana muy agitada, con declaraciones cruzadas, el jueves el gobierno istmeño informó que contemplaba todas las opciones disponibles en caso de que fracasen las negociaciones en curso con la compañía norteamericana.
«Sí, hemos analizado todas las opciones, todas esas opciones están en la mesa», expuso el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, en un encuentro con corresponsales de la prensa extranjera en Ciudad de Panamá.
A la interrogante de si consideraba la posibilidad de entregar la concesión a otra empresa, Alfaro se fue por las ramas al responder que parte de la estrategia del gobierno consiste en evaluar todas las posibles opciones en caso de que First Quantum Minerals, que cotiza en la Bolsa de Toronto, no firmase un contrato.
El Ejecutivo sostiene que la trasnacional incumplió los compromisos acordados hace un año para el nuevo contrato de concesión, el cual elevaría a un aporte mínimo de 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
El acuerdo anunciado en enero de 2022, pero aún sin firmar, estipulaba elevar del dos por ciento a 12-16 por ciento las regalías, así como el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Además de las regalías otros puntos de desavenencia entre ambas partes son las deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, incumplimiento sustancial y terminación del contrato en torno a una primera concesión por 20 años.
Una prueba de los desencuentros entre las partes fue el anuncio, el martes, del director general del grupo canadiense, Tristan Pascall, de que estaban próximos a llegar a un acuerdo. Y el gobierno panameño lo desmintió ese propio día.
La administración Cortizo se plantea firmar una concesión por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20.
Como si curara en salud, el gobierno panameño teme que en el caso de una disminución del precio del cobre, la minera no cumpla con las regalías de 375 millones de dólares anuales.
First Quantum, que también opera en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania, alega que sus inversiones en el yacimiento cuprífero ubicado en Donoso, provincia norteña de Colón, superan los 10.000 millones de dólares, y da empleo a 7.200 trabajadores.
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