Asumo la política desde una perspectiva ciudadana. Lo haría incluso si tuviere militancia partidista. La política, la cual etimológicamente viene de “polis” –la ciudad- se orienta a beneficiar sus habitantes -los ciudadanos- vistos como necesitados de orden y administración; o sea, de gobierno. Asumo la política desde una perspectiva ciudadana. Lo haría incluso si tuviere militancia partidista. La política, la cual etimológicamente viene de “polis” –la ciudad- se orienta a beneficiar sus habitantes -los ciudadanos- vistos como necesitados de orden y administración; o sea, de gobierno.
Para muchos, es discurso vacío o engañifa; o sea, letra vacía, hecha para tontos, porque, al final, son los políticos, partidos e intereses y grupos asociados, los que terminan apropiándose de la política. Esos muchos no dejan de tener razón.
Los políticos han logrado convencer a los inadvertidos de que la política es su asunto –y no de los ciudadanos, como dicho- y que entre ellos mismos pueden establecer los pesos y contrapesos que representen el control social de su desempeño.
La investigación económica moderna se ha encargado de tumbar ese sofisma, por la vía de la demostración de la relevancia –la inevitabilidad, más bien- de las instituciones; es decir, normas firmes, indicadores de desempeño, cláusulas penales, instancias, procedimientos, etc., en la creación y garantía de cumplimiento de las condiciones para la convivencia y el progreso.
Si no en los textos formales, pero sí en la discusión de expertos, hoy se plantea con radical dramatismo la diferencia entre lo primero y lo segundo: no son los liderazgos o gobiernos fuertes los que importan, sino las instituciones firmes. No son lo mismo. También se plantea que para lo último son necesarias iniciativas del liderazgo, es verdad, pero que no significan el privilegio al modo carismático o personalista de gobierno. Una cosa es el liderazgo promotor de progreso; y, otra, muy distinta, el liderazgo de vocación caudillezca, celador de privilegios.
Nosotros, en lo personal, hemos dado un paso aún más adelante. Desde nuestros afanes en los tiempos de la vieja Coordinadora Democrática de Venezuela, entre 2002 y 2004, hemos venido proponiendo una figura consensual, institucionalizable, en términos de “un acuerdo formal, suscrito públicamente, que incluya una permanente garantía de control social, un compromiso firme del sistema político democrático y un contenido evaluable (…) O seguiremos firmando cheques en blanco y postdatados. Y sin seguridad de resultados”.
Lo repito, igual que lo dije en entrevista a esta misma revista, en junio de 2011: “la ciudadanía debe contar con herramientas institucionales permanentes de tutela de la acción política”.
Eso lo concretamos en lo que llamamos una “propuesta de pacto social y de gobierno, que hemos denominado “El Compromiso de Carabobo” sobre un Pacto de Gobernabilidad para el Relanzamiento Nacional: Compromiso por la democracia, la república, el progreso y la gobernabilidad”. El nombre es lo de menos. Obedeció a una circunstancia. Importan el propósito y el contenido.
Tal como exponemos en nuestro libro del 2010: “Sus características “de diseño” las puntualizamos a continuación: 1º) Es incluyente de los agentes principales de la nueva política democrática: la sociedad civil, junto con los partidos políticos: unos, en rol de garantes; los otros, de ejecutores. Contiene, además, un texto de propósitos y acciones. Eso lo sitúa en un nivel más elaborado que Puntofijo. 2º) El texto está dirigido al largo plazo y organizado temporalmente a partir del presente, para servir de guía y foco mínimamente estructurado 3º) Se propone su firma pública formal, en términos de documento notariado”.
El “Pacto Social y de Gobierno”, como lo llamaremos en lo sucesivo, es un hito importante –debe ser la expresión de un consenso nacional cercano al óptimo- que se alimenta de otros: la Visión de País, el Proyecto Nacional, el Plan de la Transición Democrática y el Plan de Gestión para varios lapsos de gobierno. Léase bien: lo que estamos proponiendo es que el próximo pacto debe ser sistemático y completo en sus propósitos y contenidos; o sea, no una carta en blanco.
En la sistematización de esos hitos trabajamos en el momento actual. En esa línea aún hay que procurar acuerdos mínimos. Ayudan la literatura y la historia, pero la discusión política nacional a veces discurre por otros cauces, nada válidos, ni convenientes, pero dominantes. Eso hay que conjurarlo.
El primer hito a ocurrir, cronológicamente visto, es la promoción y suscripción del Pacto objeto de este artículo. Debe ser un consenso bueno, debe garantizar su efectividad, debe apuntar a los propósitos decididos y debe ser sustantivo, no declarativo.
En nuestro libro del 2010 hay una propuesta de texto. Una base para lo exigido. Hay ideas nuevas. El texto debe ser actualizado. Lo esencial debe quedar: la sociedad debe tutelar a la política. No formal o declarativa, sino institucionalmente.
* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
[email protected] / @SJGuevaraG1
