En la superficial política venezolana, en la cual cada quien entiende, opina y actúa con base en su propia y conveniente conceptualización, hay que ir al fondo o esencia de los conceptos, para que no haya lugar a dudas sobre lo que se plantea. En la superficial política venezolana, en la cual cada quien entiende, opina y actúa con base en su propia y conveniente conceptualización, hay que ir al fondo o esencia de los conceptos, para que no haya lugar a dudas sobre lo que se plantea. La desgraciada Venezuela actual no está para darse el lujo de moverse con vaguedades.
En ese maremágnum de ignorancia, malos entendidos y confusiones en el cual se suscita la discusión sobre la transición a la democracia (que es el concepto universalmente manejado, para situaciones como la nuestra), hay que precisar que lo que se quiere referir es el proceso de reinstitucionalización que permite pasar de un estado totalitario (o neototalitario) a uno democrático. Y de eso trata este artículo.
El escenario de una transición a la democracia en Venezuela, el cual, en sana ley, tal como dicho en el artículo anterior, debería conducir a una consolidación democrática, es el de un importante progreso institucional, en sentido amplio, pero no al estilo imperante en el país, sobre la base del rentismo y el mercantilismo, con sus derivaciones populistas, clientelares, discrecionales, etc. (a veces, inadvertidas por sus proponentes), sino a favor de un país de instituciones firmes, favorables a la producción competitiva, los intereses generales, los derechos de los ciudadanos, el imperio de la Ley, la rendición de cuentas y otros atributos de las sociedades institucionalizadas, que han superado la política tradicional o carismática.
La política democrática venezolana ha sido, lamentablemente, por razones diversas, el reino del estatismo y los acuerdos rentísticos o de reparto. Una transición, entonces, basada en el reconocimiento del “estado del arte” en el tema, deberá superar no solo la desinstitucionalización de los últimos quince años, sino también la inapropiada institucionalización previa, agravada a partir de finales de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, por el desmantelamiento de instituciones fiscales y monetarias existentes, en casos, desde el siglo XIX.
Eso plantea un asunto político espinoso: buena parte de la clase política democrática actual venezolana no tiene la referencia del modo correcto de asumir los cambios que son exigidos en el estado actual de las cosas en el mundo. El mejor ejemplo nos es permitido por el análisis riguroso de los manejos y posiciones de la dirigencia partidista agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, que nos muestra la prevalencia del estatismo y los acuerdos rentísticos.
En la vía correcta, la fuente principal, más directa, de conocimiento para asumir un proceso como el necesario se encuentra en la literatura transitológica, de muy escaso manejo en el país. De igual forma, aportes de diversas vertientes de la Economía Institucional, sobre todo, en lo relativo al estudio de la relación entre consensos, instituciones (económicas y otras) y el desempeño económico.
Como tantas veces referido, hoy no hay dudas, en primer término, sobre la importancia de los buenos consensos nacionales: sobre reglas firmes, no discrecionales; durables; mejorables; con garantía de cumplimiento; etc.; en segundo término, en la literatura económica especializada, sobre la relevancia de las “instituciones legales”, los regímenes de políticas basados en reglas; para lo cual influyen las características estructurales e institucionales (de nuevo, el valor de las reglas consensuales firmes) de los países, la práctica macroeconómica, la calidad del desarrollo financiero y la pertenencia a esquemas de integración internacional válidos.
Para nuestra clase partidista y buena parte de la intelectualidad, eso es sánscrito. No lo conocen. Y al planteárselo, no lo entienden, o lo desechan. Porque no tiene concordancia con su esquema de valores y su base conceptual. Es como tener un cuerpo extraño en el organismo: la reacción es la negación o el rechazo.
En nuestros escritos, tanto los tres últimos libros (uno, de próxima salida), como nuestros artículos, hemos insistido –creo que con muy baja efectividad- en explicar el planteamiento transicional y su relación con la posibilidad de consolidación de la democracia, lo cual –que quede claro- no se ha logrado en el país, pese a muchas opiniones erradas.
Los problemas asociados, criterios de éxito, bases de diseño, algunas líneas de acción, plazos, etc. para una cabal transición pueden ser conocidas en el capítulo de nuestro libro del 2010 dedicado al esbozo de un plan para una transición democrática en Venezuela. Es decir, no el largo plazo rustowniano de la transición a la democracia, sobre el cual hemos escrito extensamente; sino, más bien, el corto, desde la salida del neototalitarismo actual, hasta un punto de superación de acechanzas y logro de la supervivencia del nuevo ciclo democrático; aunque no aún su consolidación.
El secreto está en la reinstitucionalización con base en el “estado del arte” en el campo. Lo otro es repetir la historia conocida de 1958 a 1998: una meritoria transición a la democracia (aunque carente de atributos esenciales), una accidentada transición democrática y un inadvertido proceso regresivo temprano, que condujo a la realidad neototalitaria actual.
Lo anterior, que existe, como historia pero también como riesgo futuro, es, por favor, un proceso a no repetir. No debemos iniciar un nuevo ciclo de democracia con la rémora de los agentes, el imaginario y el ideario que llevó al fracaso –sí, fracaso- del ciclo anterior.
* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
[email protected] / @SJGuevaraG1
