Nuestros fundamentos para la acción transicional. Venezuela requiere un cambio en sus fundamentos económicos. Mayor, medio o menor; antes, simultáneo con otros o después; tipo shock o progresivo; etc., pero absolutamente necesario. Nuestros fundamentos para la acción transicional. Venezuela requiere un cambio en sus fundamentos económicos. Mayor, medio o menor; antes, simultáneo con otros o después; tipo shock o progresivo; etc., pero absolutamente necesario.
Al respecto, la investigación arroja algunas pistas, pero aún son parte de la polémica política y electoral. A pesar de algunas opiniones muy bien posicionadas en el comando del candidato opositor, no es discutible la imperiosidad del cambio institucional. Si nos la jugamos por el país, claro. Ustedes saben bien, por cosas dichas antes, que no hay un único escenario en un eventual reinicio democrático. El rentismo, el estatismo, el populismo, las redes clientelares y otras taras siguen muy vivas.
Viene al caso referir, como anécdota, que en ocasión de nuestra asesoría a Diego Arria en las primarias de la Unidad Venezuela usamos el término “reseteo”, para expresar la conveniencia de revisar y actualizar minuciosamente el marco constitucional y legal venezolano, de modo de “limpiarlo” de mediatizaciones, intrusiones, malas definiciones, contradicciones, anulaciones de unas normas por otras y otros elementos inconvenientes del andamiaje institucional nacional.
El término causó curiosidad a Reyes Theis, un excelente periodista capitalino, quien se interesó por saber si significaba cambiar los fundamentos normativos establecidos. Pues, sí: eso significa. Para diversos temas económicos relevantes, hay que cambiar los fundamentos con los cuales opera el sistema económico nacional.
Supuesto el propósito, claro que las condiciones a enfrentar, los acuerdos posibles y las restricciones temporales determinarán el alcance del cambio. El mismo precandidato Arria propugnaba sólo unos pocos cambios, incluso manteniendo su propuesta constituyente. Por nuestra parte, dábamos algunos pasos adelante, hacia temas ligados a la viabilidad, efectividad, contundencia y rapidez de la acción de gobierno en un período especial como el transicional.
Concluíamos que dos apoyos de gestión son indispensables: por un lado, el conocimiento de la base de recursos y posibilidades productivas del país; por el otro, la intervención intencional directa del presidente y su más alto nivel ejecutivo en temas económicos.
Lo primero es el manejo “en cartera” del acervo de recursos, actividades, proyectos, los casos de capitalismo de Estado en el sistema productivo nacional, las unidades productivas expropiadas, las empresas cerradas, los negocios de Brasil, Cuba, Argentina y otros “socios”, los elementos más rígidos de la dependencia de China, etc.
Lo segundo es el establecimiento de precisas atribuciones al alto gobierno (Presidencia de la República y ministros coordinadores de áreas) para la representación de “los accionistas”, en el manejo de un esquema proactivo de asociación con capital de riesgo nacional o foráneo, o la promoción, en la recuperación. Venezuela podría ver ampliada su posibilidad de desarrollo con la posibilidad de socios que no mermarían ni los recursos ordinarios del presupuesto, ni la ya comprometida capacidad de endeudamiento, útil a varios fines macroeconómicos. Cómo mezclarlas es un tema de política financiera a manejar en su momento.
Ambos prerrequisitos, junto con la prolija operativización que hemos propugnado antes, deberían permitirnos avanzar un plan económico, de un núcleo inicial de tres años, para la transición democrática. Una síntesis de ese programa fue expuesto en nuestro artículo de la segunda semana de febrero de este año, llamado “Programa Económico para una Transición”.
La investigación de los últimos quince años nos permite asentar con confianza la convicción de que el tema de la relación entre, por un lado, cambios institucionales generales y relativos a los grandes atributos de las democracias modernas: sistema electoral confiable, imperio de la ley, separación de poderes, rendición de cuentas y otros; y, por otro lado, reformas económicas, no debe manejarse descuidada o caprichosamente, sino de acuerdo a las ganancias de esa investigación; aunque también con consideración de las condiciones propias de un país con el atributo de una buen nivel de renta.
También la investigación nos permite relajar el criterio de la celeridad de los cambios. El trade-off relevante no es entre programa shock o gradual, sino entre amplitud y profundidad de las reformas, resuelto a favor de los segundos. Eso abona a favor del profesional “reseteo” referido arriba.
Dos grandes trade-offs, entonces, en lo relativo a la tarea económica de una transición a la democracia: entre reformas institucionales generales y sectoriales y entre amplitud y profundidad. Esa tarea se resume inicialmente en reformas institucionales generales profundas. La otra cara del asunto es de mayor dificultad: cómo se establecen las relaciones con el colectivo. Es la “alquimia” entre política y gestión que mencionábamos en artículo anterior, la cual no desarrollaremos en esta serie.
Hay un trabajo entonces, en el plano de los valores, actitudes y conductas hacia lo que no hay dudas se configura como un período especial. Por lo cual, también especial debe ser la acción. Es tiempo de comenzar a prepararla. Forma parte del corto plazo de la larga transición a la democracia venezolana.
* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
[email protected] / @SJGuevaraG1
