La historia anterior a Chávez muestra a los analistas (aunque muy pocos lo perciben, o aparentan no percibirlo), dos etapas cualitativamente distintas, desde el punto de vista, no de la disponibilidad de condiciones y recursos para el progreso, sino de la calidad de la conducción económica y de sus instituciones de base. Nos resulta absolutamente relevante realizar la diferenciación. Los setenta años previos a Chávez
La historia anterior a Chávez muestra a los analistas (aunque muy pocos lo perciben, o aparentan no percibirlo), dos etapas cualitativamente distintas, desde el punto de vista, no de la disponibilidad de condiciones y recursos para el progreso, sino de la calidad de la conducción económica y de sus instituciones de base. Nos resulta absolutamente relevante realizar la diferenciación.
Los resultados globales nos ilustran sobre la diferencia: durante cincuenta años, de finales de los ’20, a finales de los ’70, Venezuela tuvo un crecimiento promedio cercano al 6% y una inflación baja, estabilidad cambiaria, etcétera; mientras que de finales de los ’70 a la llegada de Chávez, ese crecimiento fue cerca del 1%, con alta inflación, deterioro de la paridad, endeudamiento, déficit, choques externos, etcétera. Los cincuenta años de alto crecimiento referidos son un lujo esquivo, que pocos se pueden dar. Venezuela los tuvo. Y después se permitió perder la receta.
La razón principal, aunque es un tema debatido, es el drástico cambio de calidad de las instituciones económicas, sucedido entre 1969 y 1978. De reglas fiscales y monetarias firmes, se pasó a una creciente discrecionalidad, un desbordado capitalismo de Estado, transferencias improductivas a “empresarios”, por la vía de empréstitos y exenciones y el surgimiento de redes clientelares parasitarias. En un caso como Venezuela, de recursos mineros abundantes y una excepcional renta no hay opción a la dotación de instituciones económicas fuertes. Instituciones, dije; no gobiernos, ni caudillos carismáticos o tradicionales. No son lo mismo, ni producen los mismos efectos, las instituciones fuertes y los gobiernos fuertes.
La Venezuela de comienzos del siglo XX tenía, entonces, incipientemente, instituciones económicas que permitían estabilidad, y las desarrolló más en la época ‘gomecista’ y de los gobiernos cooptados posteriores. Pero, más adelante las perdió. Un replanteamiento ahora, ampliado y actualizado no lo sería de un exoticismo, chocante a nuestro nacionalismo, sino de patrimonios institucionales ya poseídos.
Pero, vayamos más lejos. En la problemática que nos interesa analizar, hay un trasfondo aún más antiguo. El país no se ha zafado del legado mercantilista de su nacimiento. La fortaleza económica del Estado, y no de los individuos y la sociedad, es aún el valor dominante en el sistema económico. El statu-quo no concibe cambiar lo que siempre ha sido, aún con la convicción de su conveniencia general. Luego, a partir de la entrada del petróleo en la vida nacional se entra en un ciclo de bonanza que permitió plantearse retos mayores, permanentemente diferidos –el diferimiento fue el signo de la posición gubernamental ‘medinista’, por ejemplo, respecto a las tareas de desarrollo de un sistema productivo- o insuficientemente asumidos, que han consolidado un sistema groseramente rentista.
Las respuestas necesarias
La descentralización del poder económico, a favor de la sociedad, y la liberalización, a favor del mercado, se convierten en respuestas plausibles frente a lo anterior. Pero, mejor aún, a nuestros fines, es revisar la agenda amplia frente a todos los resabios históricos del sistema económico. Son los temas de refundación institucional ligados a las condiciones y características del contexto en el cual se monta el chavismo. Son también temas transicionales.
No se trata, por ejemplo, de despojar al Estado, sino de incentivarlo a su asociación con los ciudadanos y empresas, para el aprovechamiento de su dominio sobre recursos diversos. Tiene que ver también con la superación inteligente del rentismo, a favor de la economía productiva, con expresos fines de competitividad. Debe atacar el tema de justicia asociado a las perversas redes clientelares alrededor de las políticas sectoriales y el financiamiento público; de modo de privilegiar, antes que nada, a fines de intereses generales, la acción de promoción económica del Estado, que no puede ser la tradicional. Se tiene que plantear el dilema entre el establecido populismo y la posibilidad de que la autopista del crecimiento económico sea el canal privilegiado de la política social.
Todo lo anterior, sobre reglas fiscales, monetarias y otras, firmes y estables temporalmente. La fortaleza institucional del sistema económico es un fin plausible, críticamente necesario a la vida nacional. Está en el campo de la “ingeniería institucional”, posiblemente, la más importante de la acción transicional.
No es, entonces, sólo el ‘chavismo’. Nuestros atavismos también son un peso muerto. Avancemos, pues, en el conocimiento de lo que hay que cambiar. Se refuerza la tesis de la inevitabilidad de la transición, rigurosamente entendida. No es sólo llegar al gobierno, sino viabilizarlo y optimizarlo.
* Santiago José Guevara García
[email protected] / @SJGuevaraG1
