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Wall Street desmonta la reforma financiera de Obama

Dos años después de su aprobación, la Ley Dodd-Frank, el texto legal en el que se sustentó la gran reforma financiera que prometió Barack Obama, sigue sin aplicación práctica ante la falta de desarrollo de los reglamentos previstos. Más aún, el lobby de la banca de inversión parece a punto de conseguir la desactivación definitiva del texto que iba a ‘meterles’ en cintura para siempre. Dos años después de su aprobación, la Ley Dodd-Frank, el texto legal en el que se sustentó la gran reforma financiera que prometió Barack Obama, sigue sin aplicación práctica ante la falta de desarrollo de los reglamentos previstos. Más aún, el lobby de la banca de inversión parece a punto de conseguir la desactivación definitiva del texto que iba a ‘meterles’ en cintura para siempre.

El grupo más activo de este grupo de presión es el conformado por los grandes bancos de negocios, donde destacan por su activismo Goldman Sachs, J P Morgan y Credit Suisse. Y su último empeño conocido consiste en aplazar ‘sine die’, la aplicación de la regla de Paul Volcker, llamada así por el ex presidente de la FED que formó parte del primer grupo de asesores de Obama.

La Regla prohibía a estas entidades que pudieran realizar apuestas especulativas en el mercado por cuenta propia para erradicar por completo los posibles conflictos de interés con su clientela y, de paso, evitar situaciones dudosas como las que rodearon al origen y al estallido final de la crisis financiera global en 2008.

El lobby financiero de Wall Street, que incrementa siempre sus posibilidades de éxito en año electoral por aquello de la financiación de las distintas campañas políticas, argumenta que la norma no debería entrar en vigor mientas no se diese definitivamente por cerrados el saneamiento del sistema financiero estadounidense.

De momento, el presidente de la FED, Ben Bernanke, ya ha descartado que la norma entre en vigor el próximo día 21 de julio, la fecha límite para su puesta en marcha prevista por la Ley. Según él, haría falta clarificar algunos aspectos esenciales. Un respiro para el sector que estima en unos 5.000 millones de dólares anuales los beneficios que podrían perder si se les impiden comprar y vender en los mercados por cuenta propia.

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