El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha firmado un proyecto de ley que prevé una reforma de la actual Ley Reservada del Cobre, por la que las Fuerzas Armadas del país reciben para financiarse un 10% de las ventas brutas de la empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo. El objetivo, tal y como ha declarado Piñera, “es una integración mayor entre nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad civil». La reforma llega en un momento delicado para el mandatario chileno, que recientemente ha sufrido la renuncia de una ministra por sospechas de corrupción y cuyo proyecto energético Hidroaysén ha generado un enorme rechazo entre los ciudadanos. El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha firmado un proyecto de ley que prevé una reforma de la actual Ley Reservada del Cobre, por la que las Fuerzas Armadas del país reciben para financiarse un 10% de las ventas brutas de la empresa estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo. El objetivo, tal y como ha declarado Piñera, “es una integración mayor entre nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad civil». La reforma llega en un momento delicado para el mandatario chileno, que recientemente ha sufrido la renuncia de una ministra por sospechas de corrupción y cuyo proyecto energético Hidroaysén ha generado un enorme rechazo entre los ciudadanos.
La reforma busca implantar un nuevo sistema de financiación que sustituya a la actual Ley Reservada y articule un presupuesto plurianual que deberá ser aprobado por el Parlamento, además de un fondo de contingencia que cubra posibles eventualidades y un programa elaborado a doce años vista.
La Ley Reservada fue modificada por el dictador Augusto Pinochet en 1973, aunque ya existía desde 1958, para asegurar a las Fuerzas Armadas chilenas una fuente de financiación estable (ese 10% de las ventas al exterior de Codelco) que no estuviera supeditada a los cambios políticos.
La firma del proyecto de ley para la reforma de esta ley ha sido rubricado por los Ministros de Defensa y Hacienda chilenos, Andrés Allamand y Felipe Larraín, en presencia del presidente, Sebastián Piñera, quien ha defendido la reforma al señalar que las Fuerzas Armadas y sus necesidades de financiación «no siempre están ligadas con lo que ocurre con la cantidad de cobre producida por Codelco o por el precio que el cobre tenga en los mercados internacionales».
Piñera, asimismo, ha señalado que durante los gobiernos anteriores de la Concertación la reforma fue “insinuada”, pero nunca llegó a producirse. Los expertos señalan que la buena sintonía del conservador Piñera con las Fuerzas Armadas ha sido el elemento clave en el proceso; una sintonía de la que Bachelet, la anterior presidenta, progresista, no disponía.
El proyecto, que ahora se discutirá para su aprobación en el Congreso, busca tender lazos entre la sociedad civil y las instituciones de defensa del país, como ha señalado Piñera. Del mismo modo, la reforma prevé que el Congreso pueda debatir sobre la estrategia de las Fuerzas Armadas, una posibilidad de la que hasta no disponía, y que la Contraloría disponga de un “mecanismo de información” para controlar los gastos de la institución armada.
Con este gesto Piñera busca poner en marcha una reforma que puede resultar popular entre los chilenos, en un momento especialmente delicado para su imagen, tras la renuncia de la titular de Vivienda, Magdalena Matte, envuelta en sospechas de conflicto de intereses, y con el proyecto energético Hidroaysén, al que la mayoría de los chilenos se opone y que ha generado protestas en las dos últimas semanas en varias ciudades.
