El nuevo régimen laboral juvenil aprobado por el Congreso peruano ha producido descontento entre la ciudadanía. De hecho, un grupo de jóvenes sindicalistas se ha acercado hasta la sede del Poder Legislativo para mostrar su rechazo a estas nuevas medidas. El nuevo régimen laboral juvenil aprobado por el Congreso peruano ha producido descontento entre la ciudadanía. De hecho, un grupo de jóvenes sindicalistas se ha acercado hasta la sede del Poder Legislativo para mostrar su rechazo a estas nuevas medidas.
Según el nuevo esquema, los jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia en el mercado laboral, podrán entrar a formar parte de la plantilla, tendrán derecho de vacaciones y a salud por un período máximo de tres años. La medida tendrá una duración de cinco años y podría permitir la entrada al mercado laboral de 264.000 jóvenes.
Aunque, así las cosas, los jóvenes no tendrán beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, seguro de vida ni seguro de riesgo de trabajo. Lo que han pedido los manifestantes a la puerta de las instalaciones gubernamentales.
El ministro de Economía, Alonso Segura, ha asegurado que lo busca la medida es combatir las altas crisis de tasas de desempleo e informalidad laboral que afectan al país. De hecho, ha señalado que es de un 14% y que es necesario reducir costes laborales.
Rusel Gonsáles, un dirigente sindical de los allí congregados, ha asegurado que tanto las gratificaciones como la compensación son cosas que todo joven trabajador debe tener. Mientras que el también dirigente Jorge Rodríguez ha hablado de “precarización laboral para los jóvenes”.
También algunos congresistas de la oposición han mostrado su desacuerdo con el nuevo régimen. “Es un interés de la plutocracia que ha gobernado en el país desde siempre”, se ha quejado el congresista Roberto Angulo, que ha señalado que “no les basta con las inmensas utilidades que tienen” y que quieren jugar con el hambre en Perú.
Tal es el descontento por esta iniciativa que los sindicatos han anunciado denunciar al Estado peruano frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
