Los empresarios venezolanos han rechazado la polémica Ley de Costos y Precios que Chávez dejó aprobada antes de marcharse a Cuba para iniciar su tratamiento de quimioterapia. La norma, cuyo objetivo es frenar la alta inflación, entró en vigor en medio de críticas, ya que, según los comerciantes, se podría castigar la subida de precios con expropiaciones e intervenciones. Se trata de la primera ley que el venezolano ha firmado electrónicamente. Esta nueva tecnología permitirá al mandatario aprobar cualquier gestión en la distancia mediante la revolucionaria certificación. Los empresarios venezolanos han rechazado la polémica Ley de Costos y Precios que Chávez dejó aprobada antes de marcharse a Cuba para iniciar su tratamiento de quimioterapia. La norma, cuyo objetivo es frenar la alta inflación, entró en vigor en medio de críticas, ya que, según los comerciantes, se podría castigar la subida de precios con expropiaciones e intervenciones. Se trata de la primera ley que el venezolano ha firmado electrónicamente. Esta nueva tecnología permitirá al mandatario aprobar cualquier gestión en la distancia mediante la revolucionaria certificación.
El mandatario venezolano Hugo Chávez aprobó por decreto una ley que determinará los costes y precios justos de bienes y servicios y castigará la especulación. Una norma que los empresarios calificaron de peligrosa para la economía. La ley de control de precios trata de buscar transparencia a la hora de que el pueblo sepa lo que le cuesta producir, importar, cuál es su ganancia y cuánto es el precio que debe pagar el pueblo.
Esta nueva ley, que entró en vigencia el martes, fue aprobada por decreto por el presidente Hugo Chávez el pasado jueves, en virtud de los poderes legislativos excepcionales que le otorgó en 2010 el anterior Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo. Por ello, ya se ha pedido a los empresarios que participen en las comisiones que evaluarán costes y definirán los precios máximos de los productos.
La norma regulará los productos básicos como alimentos, medicamentos, materiales de construcción y vivienda, calzados y textiles, y servicios como salud y educación, que en muchos casos se rigen por un duro control de precios gubernamental, según apuntó el vicepresidente del Gobierno, Elías Jaua.
A partir de ahora, el incumplimiento de la ley podría llevar a las empresas a pagar multas de más de 9.000 dólares (6.363 millones de dólares), a su inhabilitación temporal o la intervención estatal, explicó Jaua. A pesar de que buena parte de los precios están controlados, en el primer semestre del año se acumula una inflación del 13%, una cifra que se intentará corregir con la nueva norma.
