Las tragedias en Honduras y en México resucitan el debate sobre la privatización de las cárceles

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Las recientes tragedias acontecidas en las cárceles de Honduras y México, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la privatización de estos centros. Algunos países de Latinoamérica, como El Salvador y Brasil, ya han apuntado que esta podría ser una solución para sus problemas penitenciarios. Las recientes tragedias acontecidas en las cárceles de Honduras y México, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la privatización de estos centros. Algunos países de Latinoamérica, como El Salvador y Brasil, ya han apuntado que esta podría ser una solución para sus problemas penitenciarios.

Los sucesos de los pasados días de la cárcel hondureña de Conagagua y de la mexicana de Apodaca, puede que no caigan en saco roto si hacen cambiar la gestión de las prisiones de Latinoamérica. Las muerte de 360 reclusos por un incendio en Honduras, según las últimas noticias parece que fue de un modo accidental. En el centro de México del estado de Nuevo León, fallecieron 44 internos por reyertas entre reclusos, que luego se dieron a la fuga.

En El Salvador existen varios partidarios de que la gestión de las cárceles pase a manos privadas. Entre ellos, el partido ARENA, que cree que no sería un negocio, sino que se mejoraría en funcionalidad.

El jefe de la facción, Donato Vaquerano estima que con la privatización se mejorarían las condiciones de los reos salvadoreños. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), estima que el sistema actual no funciona y que ese cambio podría solventar la superpoblación carcelaria que se estima que rebase entre el 300% y el 500% de su capacidad.

En Brasil, se aprobaron el pasado año la externalización total de dos grandes centros penitenciarios. Las cárceles, con capacidad para 3.000 presos cada una, están situadas en Minas Gerais y en Pernambuco.

La novedad es que de una vez se traspasa la seguridad a manos privadas, con más tecnología y menos guardas. Tanto Chile como Brasil, ya habían dejado en manos ajenas la gestión de los servicios de salud, alimentación y educación.

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