La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que sería inconstitucional que el Gobierno de Argentina declare de interés público la producción, distribución y comercialización del papel utilizado para las páginas de los periódicos. Así lo ha expresado la organización a través de un comunicado, en el que añade que, con esta medida, el Ejecutivo pretende controlar los medios del país. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que sería inconstitucional que el Gobierno de Argentina declare de interés público la producción, distribución y comercialización del papel utilizado para las páginas de los periódicos. Así lo ha expresado la organización a través de un comunicado, en el que añade que, con esta medida, el Ejecutivo pretende controlar los medios del país.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que lo que les sorprende “es que el Gobierno haya llegado a estas instancias, haciendo expresa su intención de controlar los medios de comunicación a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento”.
Para el dirigente de este organismo, el hecho de que el Gobierno insista en tomar el control del papel, va en contra de la Constitución argentina, ya que el artículo 32 de la misma se establece que el Congreso Federal no puede dictar leyes que limiten la libertad de imprenta.
Esta respuesta viene a raíz del anuncio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de enviar un proyecto de ley al Congreso con el que se pretende declarar de interés público la pasta de celulosa, su distribución y comercialización. La razón, según la mandataria, es evitar manejos ilegales y prácticas comerciales desleales.
En cuanto a la situación en la que se encuentran los diarios Clarín y La Nación, que fueron acusados por la presidenta de apropiarse de forma ilegítima en 1976 de la empresa Papel Prensa, cuya titularidad comparten actualmente con el Estado argentino, Alejandro Aguirre ha dicho que la justicia es el camino apropiado para solucionar este tipo de conflictos. El presidente de la SIP lamenta que este asunto se haya convertido en un escándalo publico en el país.
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