El Ministerio de Exteriores brasileño ha emitido un comunicado en el que considera “precipitados” e “injustificables” las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de paralizar de inmediato la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte. Ambas instituciones se habían hecho eco de la petición de varios grupos indígenas y defensores del medio ambiente que aseguran que la represa causará daños en la selva amazónica y provocará el desplazamiento de miles de personas. El ministerio de Exteriores brasileño ha emitido un comunicado en el que considera “precipitados” e “injustificables” las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de paralizar de inmediato la construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte. Ambas instituciones se habían hecho eco de la petición de varios grupos indígenas y defensores del medio ambiente que aseguran que la represa causará daños en la selva amazónica y provocará el desplazamiento de miles de personas.
«El gobierno brasileño tomó conocimiento, con perplejidad, de las medidas que la CIDH solicita sean adoptadas para ‘garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas’ supuestamente amenazados por la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte» asegura el comunicado, que continua considerando «precipitadas e injustificables» las peticiones de la institución de paralizar la obra.
La hidroeléctrica a Belo Monte, de 11.233 megavatios de potencia y que sería la segunda más grande de Brasil, superada solamente por la planta paraguayo-brasileña de Itaipú, es una prioridad estatal. El fuerte crecimiento del consumo de electricidad derivado de la mejora en las condiciones de vida de la población y la consiguiente proliferación de electrodomésticos de uso diario, ha generado un déficit que el país amazónico debe cubrir lo antes posible.
En este contexto, el gobierno brasileño asegura haber cumplido todos los trámites legales. Además de la aprobación en el Congreso o la concesión de una licencia ambiental, el proyecto cuenta con el visto bueno de la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo estatal encargado de proteger a los pueblos originarios. De ahí que el comunicado agregue que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff recibió «con perplejidad» la solicitud de paralización de las obras por parte de la OEA.
El Ministerio de Exteriores destaca que realizó un estudio antropológico sobre el posible impacto de la obra sobre los indígenas que viven en áreas aledañas a la planta y consultó a los representantes de estas comunidades. «El gobierno brasileño es consciente de los desafíos socioambientales que pueden conllevar proyectos como el de la planta hidroeléctrica de Belo Monte. Por esta razón, están siendo observadas, con rigor absoluto, las normas que correspondan para que la construcción tenga en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales involucrados», asegura.
Por el contrario, los opositores al proyecto no lo tienen tan claro. «Belo Monte hará secar 100 kilómetros del Xingú, un río que tiene tres veces más especies de peces que toda Europa, y que alimenta a miles de personas. En esa área hay dos tribus indígenas que se alimentan del río, beben del río, se bañan en el río y navegan por el río», comenta Raúl Silva Telles, del Instituto Socioambiental.
