Un nuevo decreto permite expulsar a inmigrantes incluso sin condena en firme y ha despertado la indignación de Gobiernos como el de Bolivia. Pese a la fuerte contestación y a la polémica que con sus medidas antiinmigración ha despertado Donald Trump tanto en su propio país como internacionalmente, dichas medidas y la llegada a la Presidencia de personajes como el suyo son sintomáticos de una tendencia global.
Así, el endurecimiento de las políticas de inmigración, colectivo al que se tiende a asociar con los malestares a los que las crisis económicas de los últimos años han dado mayor relevancia, es ya una realidad generalizada en múltiples países.
El último, Argentina donde su presidente Mauriico Macri ha firmado hoy un decreto que en gran medida recuerda a algunas de las medidas impulsadas por Trump en EE.UU. Así, los extranjeros que hayan cometido delitos serán expulsados por la vía express y no podrán ingresar nuevamente al país en ocho años o incluso para siempre.
Además, de acuerdo con el texto aprobado, no será necesario esperar a que un extranjero tenga condena firme por un delito para que sea expulsado del país o impedirle su ingreso.
Macri modifica así por la vía del decreto la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en Argentina de extranjeros que hayan cometido delitos graves.
Para razonar estas modificaciones, en el citado Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se explica que el número de inmigrantes en las prisiones del país se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria y que, en relación a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33% de los presos son extranjeros.
Estas afirmaciones ya han despertado las críticas internacionales de terceros países y, por ejemplo, Evo Morales ha convocado al embajador argentino tras declarar la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bulrrich, que el 33% de los presos por narcotráfico, entre otros delitos, procede de Perú, Paraguay y Bolivia.
Burlich añadió además que era necesario “ordenar las relaciones”, declaraciones que fueron consideradas discriminatorias y xenofóbas por Bolivia.
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