Si derogan el decreto que lleva su apellido, el 8610 quedará tácitamente como el responsable por el asesinato de Kluiverth Roa. Pero si no lo derogan, el gobierno demuestra que la muerte del jovencito le importa un pepino. Si derogan el decreto que lleva su apellido, el 8610 quedará tácitamente como el responsable por el asesinato de Kluiverth Roa. Pero si no lo derogan, el gobierno demuestra que la muerte del jovencito le importa un pepino.
La lamentable declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz, al comparar la situación del joven asesinado con la de su asesino, da pie a demasiadas interpretaciones. La fiscal dijo que ambas tragedias, la de dos jóvenes venezolanos, eran más o menos similares. Básicamente, la funcionaria intentó repartir las cargas de la culpa. Sufre la víctima pero también el victimario, una novedosísima hipótesis jurídica proveniente nada menos que de quien debía velar por la justicia y los derechos humanos. Pobrecito el policía, que no hizo otra cosa que interpretar el decreto de su superior Padrino López y, al sentirse amenazado de muerte por un muchachito de catorce años que se le escapó de las manos, optó por asesinarlo.
Y aunque ya el general Padrino López se había encargado de defender su decreto, de calificarlo como un “documento hermosísimo, de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso…” (el subrayado es nuestro porque, como se ve, para el general Padrino López los manifestantes son algo distinto a ” la vida y los derechos humanos”), el panorama se le complica porque a raíz del trágico episodio en el Táchira, al Ministro de la Defensa no le quedaría otra que derogar su decreto, lo que inmediatamente convertiría al 8610 en responsable de la conducta del policía. De hecho, sería un argumento para su defensa. Pero si no lo deroga, el ejecutivo demostraría no solo una absoluta insensibilidad hacia lo ocurrido, sino que exhibiría desde hoy y para siempre su cara de represor, su conducta inhumana y dictatorial, su ADN abusador y antidemocrático. Y todo eso a escasos meses de las elecciones parlamentarias, que es lo que realmente les quita el sueño. Porque les interesan tanto los resultados de esa elección, que no fue por azar que los nuevos diarios del gobierno (El Universal y Ultimas Noticias), ocultaron en un recuadro menudito la noticia sobre el jovencito asesinado – aunque lo que destacaban era que el policía se había puesto a la orden de los tribunales- y le dieron el titular enorme y fundamental al hecho de que el CNE dio fecha para las primarias del PSUV y de la MUD.
Sobre los comentarios del presidente Maduro – la culpable es la derecha o que el jovencito pertenecía a una secta-, no merecen ni siquiera una réplica argumentara. Conviene más bien releer lo que el politólogo Victor Mijares, politólogo del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), dijo a la cadena alemana DW en relación a Maduro y el decreto Padrino López:
“Ni la tiranía más cruel opta de buenas a primeras por reprimir a la población. La represión es un ‘mal necesario’ a los ojos de los mandatarios que son ilegítimos en términos de gobernabilidad democrática. Si Maduro apuesta a la represión no es porque la prefiera, sino porque no tiene otro recurso a mano para mantener la cohesión dentro del chavismo post-Chávez. La debilidad de su liderazgo y su inseguridad lo llevan a ello”. “La resolución 008610 del Ministerio de Defensa es evidencia clara de que el Gobierno necesita instrumentos para legalizar la represión. Eso era previsible dadas las actuales condiciones socioeconómicas, que dificultan la estabilización del país y atizan el descontento general. El Gobierno se verá obligado a recortar el gasto público y redirigir la renta petrolera, pero se guardará las espaldas mediante mecanismos que le permitan, por lo menos, amenazar con el uso de la fuerza; un gesto que, de por sí, es un acto de violencia estructural”.
