Un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha asegurado que el Gobierno de Rafael Correa se ha entrometido en las decisiones del Poder judicial de Ecuador, lo que podría tener “consecuencias negativas para la Justicia y para la protección de los derechos humanos”. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha asegurado que el Gobierno de Rafael Correa se ha entrometido en las decisiones del Poder judicial de Ecuador, lo que podría tener “consecuencias negativas para la Justicia y para la protección de los derechos humanos”.
Tras ser proclamado presidente en 2007, Correa prometió modificar el sistema judicial y hacerlo más transparente y libre, pero según el DPLF ha hecho lo contrario y mencionan hasta 12 casos en los que se ha hecho patente que los cambios introducidos por el Ejecutivo ecuatoriano poco tienen que ver con la independencia.
Cuatro de los casos más cuestionados tienen el punto de partida en intentos de golpes de Estado, que tuvieron lugar en 2010 y que se saldaron con la encarcelación durante ocho años de la dirigente estudiantil Mery Zamora por interrumpir o paralizar el servicio público de la Educación.
Otros tres casos tienen que ver con la marcha con el proyecto de ley de aguas, en 2011 se condenó a varias personas por suponerse autores intelectuales de las protestas. Además, las limitaciones a la libertad de prensa, el caso del libro ‘El Gran Hermano’ o el diario El Universo también demuestran, según el informe, la injerencia del Gobierno. El propio Correa se querelló contra el periódico por “injurias calumniosas”.
Los últimos dos casos tienen que ver con la disidencia política, como Los Diez de Luluncoto y el exmilitar Diego Vallejo, antiguo colaborador de Correa. Luis Pasará, autor de este informe ha asegurado (en cualquier caso) que la independencia judicial “no es solo un problema de Ecuador”, pero cuenta con un componente que agrava la situación, que son las pruebas que lo han hecho todo mucho más evidente.
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