La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) parece haberse propuesto alargar la mala relación que mantienen la presidenta argentina, Cristina Fernández, y el empresariado agrícola. A las denuncias continuadas de casos de esclavitud en grandes explotaciones rurales, la AFIP suma ahora un informe en el que asegura que cuatro de cada diez empresas de acopio de cereales y oleaginosas no pagaron el impuesto sobre sus beneficios en 2009. Los dirigentes agrarios consideran que un nuevo paro, como el llevado a cabo hace dos semanas, es casi inevitable. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) parece haberse propuesto alargar la mala relación que mantienen la presidenta argentina, Cristina Fernández, y el empresariado agrícola. A las denuncias continuadas de casos de esclavitud en grandes explotaciones rurales, la AFIP suma ahora un informe en el que asegura que cuatro de cada diez empresas de acopio de cereales y oleaginosas no pagaron el impuesto sobre sus beneficios en 2009. Los dirigentes agrarios consideran que un nuevo paro, como el llevado a cabo hace dos semanas, es casi inevitable.
El trato tenso que mantienen la presidenta argentina y los empresarios agrarios tiene visos de mantenerse, al menos, hasta las elecciones presidenciales de fin de año. Eso se desprende al menos de las últimas arremetidas a las que el Gobierno argentino está sometiendo al campo. En los últimos meses, las denuncias de trabajo esclavo o condiciones laborales infrahumanas se han repetido, así como la reiteración de sanciones para las empresas que la promueven.
El último caso, que cierra una semana con 5 denuncias de casos de este tipo, tiene que ver con la empresa Satus Ager, que se publicita como “la empresa argentina líder en exportación de semillas”. La AFIP ha informado que la empresa reclutaba personas necesitadas en Santiago del Estero y las hacinaba en campos dedicados al desflore de maíz en Bahía Blanca. En la explotación trabajaban 31 personas durante doce horas diarias, vivían sin energía eléctrica ni agua potable, con baños precarios y dormían hacinados en grupos de hasta 18 personas en un mismo tráiler de chapa.
La entidad pública difundió ayer un informe sobre las empresas agropecuarias que ha encendido los ánimos de sus representantes de cara a un nuevo paro. Según los datos aportados, cuatro de cada diez empresas de acopio de cereales, oleaginosas y distintos productos agroindustriales no pagó impuesto a las Ganancias en 2009. El informe muestra que la facturación 2009 aumentó 2,1% respecto del período anterior y el impuesto tributado solo creció 1,3%.
El empresariado agrícola se siente agredido por este tipo de publicaciones. Pese a que la cuestión de la esclavitud es compleja de manipular, consideran que el Gobierno les está sometiendo a persecución a causa de las múltiples protestas que han llevado a cabo por, aseguran, la pretensión del ejecutivo de controlar el campo. La mesa de enlace agropecuaria se reunirá esta semana para analizar el comportamiento del mercado triguero (que fue nuevamente nulo en la semana que pasó) y comenzar a definir cómo volver a la protesta dado que no se cumplió su exigencia de liberalización de la comercialización del trigo.
La mayoría de los dirigentes considera que el paro es casi inevitable, y que la etapa de diálogo ya pasó, el dirigente de Federación Agraria (FAA).
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