Cristina Fernández de Kirchner ha aparecido en los medios nacionales para anunciar un proyecto de ley para disolver la Secretaria de Inteligencia y sustituirla por la Agencia Federal de Inteligencia. Lo hace una semana después de la confirmación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha aparecido en los medios nacionales para anunciar un proyecto de ley para disolver la Secretaria de Inteligencia y sustituirla por la Agencia Federal de Inteligencia. Lo hace una semana después de la confirmación de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Fernández ha achacado a este organismo la denuncia que Nisman presentó contra ella así como muchas acusaciones que se plantearon contra su Ejecutivo en los últimos años. Igualmente, ha señalado que el origen de estos casos ha tenido su origen en el acuerdo que su Gobierno firmó con Irán en 2013 sobre los atentados de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).
La presidenta ha señalado que la disolución de la antigua Secretaria de Inteligencia del Estado (Side, como la conocen los argentinos) es una deuda con la democracia que se tenía desde 1983 y que cristalizará en un plazo no prorrogable de 90 días con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia.
A la cabeza del nuevo organismo estarán un director y un subdirector general que elegirá el Gobierno kirchnerista, pero con un acuerdo del Senado. El nuevo sistema supondrá que las escuchas telefónicas ya no dependerán del Ejecutivo, sino del Ministerio Público Fiscal y los agentes solo podrán contactar con jueces y fiscales mediante el director del organismo.
Tal y como señala El País, Fernández ha insistido en la idea que ya dio con dos cartas que publicó en Facebook la semana pasada de que a Nisman la escribieron la denuncia contra agentes de los servicios secretos. “No cabe en la cabeza de nadie que la denuncia haya sido escrita por un abogado, mucho menos por un fiscal”, se quejó.
Sobre el proyecto de la presidenta, varios diputados de la oposición salieron a criticarlo y entre sus principales argumentos en su contra se encuentra la delegación del sistema de escuchas al Ministerio Fiscal, que dirige Alejandra Gils Carbó, a quien la oposición critica por su aparente obediencia incondicional a la Casa Rosada.
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