El gobierno de Cristina Fernández ha anunciado que volverá a “recurrir a la Corte Internacional de La Haya” para denunciar “decisión unilateral” de Uruguay de autorizar que incremente su producción una planta de celulosa que opera sobre los márgenes de un río que comparten ambos países. El gobierno de Cristina Fernández ha anunciado que volverá a “recurrir a la Corte Internacional de La Haya” para denunciar “decisión unilateral” de Uruguay de autorizar que incremente su producción una planta de celulosa que opera sobre los márgenes de un río que comparten ambos países.
Así lo aseguró la noche del miércoles en Buenos Aires el canciller argentino, Héctor Timerman, que, al comparecer ante la prensa en la Casa de Gobierno, afirmó que la autorización de Montevideo a la fábrica de papel UPM (ex Botnia) «afecta la soberanía ambiental de la Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia del Tribunal de La Haya» de años atrás sobre el contencioso, según informa Américaeconomía.com.
El jefe de la diplomacia argentina realizó el anuncio junto al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien calificó la decisión de Uruguay «inaceptable, ofensiva e inentendible».
La fábrica cuestionada por Argentina opera en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, un curso de agua compartido por ambos países.
En abril de 2010, La Haya avaló las tareas de UPM, una firma de capitales finlandeses, al considerar que Argentina no acreditó debidamente que la fábrica sea contaminante, aunque recomendó una serie de medidas para evitar eventuales daños al ambiente.
La sentencia del tribunal, con sede en los Países Bajos, había puesto punto final a un contencioso que había iniciado en mayo de 2006 Argentina contra Uruguay por la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay, al autorizar tareas de una fábrica sin consulta y acuerdo previo de Buenos Aires.
«La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM-Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional», subrayó Timerman en su comparecencia.
El enfado argentino estuvo motivado porque UPM estaba autorizada a producir 1,1 millón de toneladas de celulosa al año, hasta que este miércoles el presidente uruguayo, José Mujica, la autorizó a elevar la producción en 100.000 toneladas.
Desde la instalación de la pastera, miles de residentes de Gualeguaychú, la ciudad argentina ubicada frente a Fray Bentos, marcharon en rechazo al proyecto, y mantuvieron cortado por meses el puente general San Martín, vía que conecta ambas localidades.
Según Timerman, «la decisión unilateral del Uruguay, autorizando el aumento de la producción de la empresa UPM-Botnia, deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir a la Corte Internacional de La Haya ya que afecta la soberanía ambiental de la República Argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte Internacional de La Haya» de 2010.
