«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa cancillería del Reino de España, su decisión de retirar de funciones al embajador Carlos Midence», dijo el canciller en una nota oficial.
El ministro nicaragüense argumentó que la decisión se tomó por las «presiones y amenazas injerencistas» por parte de España hacia el embajador Midence.
«Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática», acotó Moncada.
El pasado 24 de febrero, el Gobierno del presidente Daniel Ortega llamó al canciller de España, José Manuel Albares, a detener la «injerencia» en asuntos internos de Nicaragua, observada en una rueda de prensa que brindó el jefe de la diplomacia de la nación europea en Argentina.
«Recomendamos al canciller, don José Manuel Albares, centrarse en los temas de su competencia, y cesar ya en su intento de interferir en las decisiones y acciones de un Estado soberano como el nuestro, porque desde ningún punto de vista tiene autoridad alguna sobre nuestra patria bendita y siempre libre», dijo entonces el canciller de Nicaragua en un comunicado.
El canciller español declaró el 23 de febrero en Buenos Aires que probablemente «haya alguna novedad» sobre Nicaragua, cuya administración es descalificada por su Gobierno a raíz de la crisis política desencadenada por el fallido golpe de 2018 y por la reelección de Ortega, para el quinquenio 2022-2027.
«No es que estemos especialmente convencidos de que vaya a haber un cambio, pero también entendemos que el efecto que pretendíamos por la retirada de la embajadora a consultas se ha cumplido», aseguró Albares, quien es secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, sobre Nicaragua.
La representante de España en Managua, María del Mar Fernández Palacios, fue llamada a consultas en agosto de del año pasado, después que Nicaragua protestará la política «injerencista» de Madrid, ante los pronunciamientos por la cancelación de la personería jurídica de una organización política opositora en el contexto del proceso electoral de 2021 y el encarcelamiento de opositores aspirantes a la presidencia acusados de conspiración y ser agentes extranjeros en Nicaragua.
El Gobierno de Ortega calificó de insolentes, anacrónicas y desfasadas las declaraciones de Albares, remarcando que Nicaragua no es una colonia ni súbdito de España.
El pasado 15 de noviembre, el canciller español demandó a la reunión de ministros de la Unión Europea que se aprueben «mas sanciones» individuales contra el Gobierno de Nicaragua y se excarcelen a los opositores presos.
