Junto a Fundación Oxfam Intermón figuran National Democratic Institute for International Affairs (NDI, de origen estadounidense); International Republican Institute (IRI, de origen estadounidense); Oxfam IBIS (de Dinamarca); Diakonia (Suecia) y Helping Hands The Warren William Pagel, M.D. Foundation (Estados Unidos).
El Ministerio de Gobernación nicaragüense ha justificado su decisión explicando que las ONG mencionadas «han incumplido sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro» en el país al «no reportar estados financieros conforme a períodos fiscales y juntas directivas del país de origen» o «incumplir con requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones e informar al Ministerio de Gobierno de las peticiones previas a su recepción».
Además, les ha acusado de no proporcionar «desgloses detallados de sus estados financieros», de no proveer de «convenios que definan claramente fuente de financiación, cartera de proyecto, impacto social de los mismos y si están acorde a fines y objetivos de la situación».
Por último, también ha indicado que las organizaciones carecen «de documentos de identidad de sus proveedores de fondos, así como la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organizaciones asociados» y de no informar sobre la «identidad y origen de todos sus miembros donantes».
Por ello, entre otras cuestiones, ha considerado que las actuaciones de las ONG han «obstaculizado el control y la vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación» y ha procedido a la cancelación de los «registros y número perpetuo asignados a las entidades».
Según La Gaceta, las seis organizaciones tendrán 72 horas para entregar al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación los libros contables, de actas y de registro de miembros «para su resguardo». Además, sus bienes y activos pasarán al poder del Estado.
El diario ‘La Prensa’ ha señalado que la cancelación del estatus legal de estas organizaciones, además de afectar a la población beneficiada de sus proyectos, cierra «las oportunidades de financiación para las ONG locales que también realizan trabajo comunitario».
Estas agencias se suman a las 34 ONG nacionales a las que el Gobierno de Daniel Ortega ha anulado la personalidad jurídica desde 2018.
