«Son responsables o cómplices de socavar la democracia (…) reprimir la protesta pacífica o de crímenes contra los Derechos Humanos», ha explicado el Departamento de Estado en un comunicado en el que les atribuye «los ataques del régimen Ortega-Murillo a la democracia y los Derechos Humanos», en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
En concreto, se les considera responsables de la detención de «26 opositores y activistas prodemocráticos», incluidos seis precandidatos presidenciales, «activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos».
En lo que se refiere a los diputados, les reprocha la aprobación de «leyes represivas» como la normativa electoral, la ley de delitos informáticos, la ley de agentes extranjeros o la ley de soberanía, «utilizadas para restringir y criminalizar la libre expresión, la disidencia y la participación política».
«Estados Unidos seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas de las que disponemos para presionar por la liberación de los presos políticos y apoyar la petición de los nicaragüenses de más libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas», concluye el texto.
Distintas organizaciones no gubernamentales y países extranjeros han denunciado la deriva autoritaria de Daniel Ortega, que se ha evidenciado con la detención de periodistas, activistas y opositores, incluyendo varios candidatos presidenciales a los comicios de noviembre.
