Este cambio de predominancia de la renovable frente a la térmica supuso un ahorro en 2020 de 5,1 millones de barriles derivados del petróleo y de 19 millones de barriles desde el año 2007,*además de que la nueva capacidad de generación se ha convertido en «un factor dinamizador de la economía nacional», según ha señalado el Gobierno.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ha subrayado su trabajo en el sector energético para «garantizar un sistema estable, seguro y confiable, tomando en cuenta el aprovechamiento de los recursos autóctonos y acceso a la electricidad y fuentes energéticas confiables en beneficio de toda la población».
El Ejecutivo de Daniel Ortega ha defendido al respecto que su «principal instrumento de política pública» es el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) que articula «todos los esfuerzos del GRUN para alcanzar el objetivo máximo de reducción de la pobreza, desigualdad, consolidación de la paz y prosperidad».
Según sus palabras, uno de los objetivos prioritarios del PNDH es la «transformación y diversificación» de la matriz de generación eléctrica y, tras la «crisis energética heredada por 16 años de gobiernos neoliberales», se «han finalizado» los racionamientos que sufría la población.
En trece años, el gobierno nicaragüense ha invertido un total de 1.522 millones de dólares en la generación eléctrica, de los cuales 1.126 se invirtieron en renovables y más de 395, en la térmica. Con esa inversión, la capacidad instalada en renovables alcanzó los 1.510 mw.
El gobierno de Nicaragua ha subrayado que en el año 2006 poco más de tres millones de habitantes tenía energía eléctrica en sus hogares, lo que suponía una cobertura eléctrica del 54%, frente al 98,7% alcanzado en mayo de 2021, un total de 6,4 millones. El Ejecutivo atribuye ese incremento de la cobertura a la inversión desde 2007 de 1.200 millones de dólares en la transmisión y distribución eléctrica.
El mercado eléctrico nicaragüense tenía el pasado mes de mayo algo más de 1,29 millones de clientes, de los cuales 896.990 son familias con tarifa residencial y consumos por debajo de 150 kwk al mes, que reciben un subsidio en su tarifa, hasta 4,4 millones de dólares. En el año 2020 el subsidio a tarifas residenciales con consumos menores de 150 kWh/mes ascendió a 64,1 millones de dólares.
Las tarifas en el país también contemplan subsidios para jubilados, que reciben un total de 57.307 pensionistas, lo que supuso un gasto total en el año 2020 de 7,1 millones de dólares.
Además, el Gobierno ha subrayado que ejecuta proyectos en áreas del país que por su orografía no son accesibles a las redes de distribución, instalando paneles solares individuales para cada hogar lo que, según sus palabras, «logra llevar la energía eléctrica hasta los más desfavorecidos».
A aquellas comunidades en las que no se llega con redes eléctricas, se instalarán entre este año y 2022 más de 10.500 sistemas fotovoltaicos, lo que el Gobierno considera uno de sus «mayores aciertos para reducir la pobreza» del país.
El Ejecutivo del país ha puesto de manifiesto que en los últimos años ha desarrollado una serie de medidas en pro de la eficiencia energética, que han permitido reducir las importaciones de petróleo. Entre esas acciones está la sustitución de más de 200.000 lámparas de mercurio y sodio del alumbrado público o el reemplazo de más de 2,1 millones de bombillas incandescentes por otras de ahorro.
Con respecto a la fibra óptica, se instalaron 2.790 kilómetros de red y 85 OLT, además de 39 torres de comunicación, cien telecentros y la activación de internet en colegios del Ministerio de Educación, entre otras infraestructuras. La inversión ascendió a 50 millones de dólares.
