Esta es una de las principales conclusiones del ‘Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe’, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según dicho informe, este incremento refleja que la situación de vulnerabilidad e inseguridad económica «se ha agravado» por el impacto del Covid-19.
«Esta brecha de cobertura es la más alta de toda la serie disponible desde el año 2012», destaca la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Esta falta de recursos en edades avanzadas puede llevar a situaciones de pobreza en la vejez.
En total, solamente el 51,9% de la población mayor de 65 años de América Latina recibe una pensión y un 13,6% cuenta con algún ingreso laboral. Según el análisis de la OIT, las dificultades para lograr un sistema de pensiones sostenible y que aporte una cobertura suficiente se han «agudizado» en el actual contexto de crisis, ante mayores incertidumbres en torno al crecimiento económico y un menor espacio fiscal.
«La protección social es fundamental para fomentar la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las disparidades sociales, especialmente en un contexto marcado por una crisis que ha afectado con mayor fuerza a los sectores más vulnerables», recoge el organismo internacional.
En lo que se refiere a la cobertura contributiva, esta ha caído en 0,4 puntos, pasando del 47,4% en 2019 al 47% en 2021. La caída en el nivel de cotizantes para el año 2020 representa un retroceso de 7 años y, pese a la recuperación, los niveles de 2021 son similares a los del 2018.
El informe de la OIT incluye los principales desafíos que tiene la región para consolidar el sistema de protección social para la población mayor. El foco está puesto principalmente en el aumento del empleo formal y la consolidación de regímenes contributivos y no contributivos que aseguren prestaciones «suficientes y sostenibles».
