El dato se desprende del informe ‘Educación inclusiva hoy: Iberoamérica en tiempos de pandemia’, que ha presentado la Organización de Estados Iberoamericanos. El trabajo está disponible en español y portugués y la versión digital está adaptada a personas con ceguera total o discapacidad visual.
El informe revisa las normas legales que incorporan el concepto de educación inclusiva y su aplicación en los diversos países, al tiempo que analiza la atención educativa que reciben las poblaciones con mayor riesgo de exclusión.
Así, el estudio concluye que el 87,4% de los países de la región incorporan el principio de equidad e inclusión dentro de sus constituciones y leyes generales u orgánicas de educación. El colectivo que más se visibiliza en dicha normativa corresponde a las personas con discapacidad (94,4%), seguido de la inclusión de género (88,9%). La población afrodescendiente, con un 55%, representaría el colectivo que menos peso tiene en la normativa educativa, seguido de la educación de las personas en situación de migración, pacientes hospitalizados o en reposo médico prolongado, que registra un 66,7%.
El informe también señala que todos los países de la región han avanzado en cuanto a inclusión y equidad en sus legislaciones, con avances en la superación de barreras que en ningún caso están por debajo del 50%, de acuerdo con los datos recogidos.
En promedio, el alcance más alto en la eliminación de barreras a la educación inclusiva se observa en el nivel preescolar (70%) con una diferencia de 12 puntos porcentuales con educación inicial (58%). La variación es menor en los otros niveles.
Como respuesta a la crisis de la Covid-19, las alternativas más frecuentes para asegurar la continuidad educativa de grupos de población más vulnerable y marginada fue la enseñanza a distancia y los ajustes en los currículos escolares. También fue clave la entrega de alimentos (con un alcance cercano al 90%) o de recursos de aprendizaje a docentes, estudiantes y familias como dispositivos electrónicos, así como el apoyo a padres, madres y cuidadores para que se involucraran en el aprendizaje a distancia a través, por ejemplo, de grupos de WhatsApp.
El informe refleja también que la oferta de programas de formación y capacitación sobre educación inclusiva, en particular en habilidades digitales, para directivos y docentes —presente en todos los países—, se aceleró e incrementó con la pandemia.
Por último, durante la emergencia por la COVID-19, las agencias de cooperación internacional fueron las instituciones que más apoyaron programas de educación inclusiva y equitativa en Iberoamérica, con más del 80% de participación, por encima de bancos, ONG, empresas privadas y otras organizaciones civiles.
En cuanto a España, en el informe puede leerse que “los grupos de población más vulnerables han sido las personas con discapacidad y con menos recursos económicos. Además de la brecha digital, las barreras venían dadas por el propio miedo”.
Este trabajo hace una panorámica del estado de la educación inclusiva en la región y cómo ha sido su evolución a partir de la incidencia de la pandemia de Covid-19 con datos de 22 países de la región aportados por los Ministerios de Educación, así como expertos en educación inclusiva.
Además, como novedad, el estudio se ha abierto a las opiniones de la sociedad civil iberoamericana, quien, durante el año 2020, tuvo la oportunidad de participar por medio de la campaña de la OEI ‘Yo pongo mi pieza’.
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