El crecimiento de Latinoamérica y el Caribe está «a punto de ralentizarse», según el FMI

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que la recuperación económica de Latinoamérica y el Caribe está «a punto de ralentizarse» como consecuencia de una combinación de riesgos relacionados con la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, unas condiciones financieras más restrictivas, la desaceleración económica de sus principales socios comerciales y el descontento social en la región.

En una publicación firmada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn; el economista principal para la región del Fondo, Santiago Acosta-Ormaechea; y el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Jorge Roldós; el organismo ha argumentado los motivos por los que cree que la región desacelerará su crecimiento y alcanzará una tasa del 2,5% tanto para este año como para el siguiente.

En primera instancia, el Fondo ha apuntado que ya antes de la guerra la recuperación de la región había mostrado síntomas de debilitamiento, de manera que, tras un pronunciado repunte en 2021 (6,8%), el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe está volviendo a su tasa tendencial previa a la pandemia.

El organismo liderado por Kristalina Georgieva ha indicado que las exportaciones y la inversión están siendo los principales motores de crecimiento para la región, pero el aumento de los tipos de interés en varias economías de la región por el aumento de la inflación implica un freno al crecimiento.

Por economías, el Fondo prevé que Brasil desacelere el crecimiento hasta un 0,8% este año, mientras que México se sitúe en el entorno del 2%. Colombia será una de las economías con un mejor rendimiento, con una tasa de crecimiento del 5,8%. El crecimiento en Chile y Perú será de 1,5% y 3%, respectivamente, indicando reducciones muy importantes de las tasas de dos dígitos del año anterior.

RESPUESTA AL ALZA DE PRECIOS

Los expertos del organismo multilateral con sede en Washington han hecho una mención especial al problema de la inflación en la región y su impacto sobre los grupos más vulnerables.

Goldajn, Roldós y Acosta-Ormaechea han argumentado que desde que estalló la guerra, varias economías latinoamericanas han actuado para contener las subidas de precios, con medidas que van desde la reducción de impuestos y aranceles de importación hasta límites de precios o transferencias sociales.

Cerca del 40% de los países han introducido nuevas medidas, sobre todo por el lado de los impuestos, con un coste fiscal medio estimado del 0,3% del PIB de este año.

El FMI ve con buenos ojos que los gobiernos ofrezcan apoyo focalizado a los grupos más vulnerables de la población, aunque ha señalado que estas ayudas deben ser temporales, con el objetivo de que los precios internos se ajusten y contener así los costes fiscales, además de incentivar la producción y moderar el consumo.

De hecho, en países con redes de protección social desarrolladas, el organismo considera que podría ampliarse el acceso de estas ayudas para incluir de forma temporal a grupos más amplios de la población. Sin embargo, esta estrategia debería ser temporal para aquellas economías sin redes de protección desarrolladas, puesto que podría tener un coste fiscal «significativo» y distorsionar los incentivos de precios para consumidores y productores.

En este punto, el FMI ha avisado de que cualquier espacio fiscal adicional «debe utilizarse con prudencia», dados los riesgos inusualmente elevados que rodean la recuperación mundial y la evolución de los precios de las materias primas, así como el aumento de los costes de financiación pública.

En un último punto, el Fondo ha manifestado que con una relación de deuda pública y PIB por encima de los niveles previos a la pandemia y el aumento de los costes de financiación, los países tendrán que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para ayudar a preservar su credibilidad y recomponer el espacio fiscal.

Sin embargo, esto deberá ser acompañado por medidas que protejan a los más vulnerables, para lo cual será necesaria una estrategia que se centre en una «consolidación inclusiva», basada en parte en reformas tributarias que afronten el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas.

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