«Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la libertad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo», dijo el jefe de Estado mexicano en conferencia de prensa.
La cancillería mexicana lamentó el sábado la reducción de las relaciones diplomáticas entre ambos países al nivel de encargado de negocios y el retiro definitivo del embajador peruano Manuel Gerardo Talavera, llamado a consultas el pasado 15 de diciembre de 2022, quien no volverá a su cargo en el país norteamericano.
López Obrador reafirmó que, de facto, se ha establecido en el país sudamericano «un gobierno autoritario, represor».
«Nosotros no coincidimos con eso», agregó.
Expresó, además, su molestia por lo que considera un silencio de la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, defensores de derechos humanos y la prensa mundial ante la violencia que ya deja decenas de personas muertas.
«Nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales de Perú: el gas, los recursos mineros», expresó.
López Obrador volvió a cuestionar el liderazgo de Boluarte, a quien calificó el viernes pasado como «presidenta espuria», elevando el nivel de la crisis diplomática.
Los dirigentes peruanos actuales «necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también», dijo el jefe del Ejecutivo mexicano al anunciar que mantendrá su postura.
Boluarte calificó las declaraciones de López Obrador como una violación de «las normas internacionales sobre la no injerencia en los asuntos internos de un país».
Tras el retiro definitivo del embajador peruano, la cancillería mexicana decidió mantener su nivel de representación diplomática y consular «para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú».
El posicionamiento diplomático de México reitera su convicción de «mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades», es decir, evitar la ruptura total de relaciones.
La crisis peruana se desencadenó el pasado 7 de diciembre, cuando Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional mediante el establecimiento de un «gobierno de excepción».
El Congreso peruano consideró que Castillo intentó romper el orden constitucional, lo destituyó y nombró a la entonces vicepresidenta Boluarte como jefa de Estado, por sucesión constitucional.
Castillo fue detenido y permanece en prisión en un penal de Lima bajo cargo de presunta rebelión, conspiración, entre otros delitos.
Desde diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos.
Los manifestantes exigen la salida de la presidenta Boluarte y los miembros del Congreso, a través del adelanto de elecciones generales.
Tanto la presidenta como el parlamento son rechazados por la mayoría de peruanos, según varias encuestas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos 59 civiles han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
También se reporta un policía fallecido, presuntamente atacado por pobladores en el departamento de Puno (sur).
