El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard
El ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, ha explicado que este tráfico ilegal de armas «está íntimamente vinculado con la violencia que vive México» y por ello la demanda busca que estas empresas compensen al Estado por «sus prácticas negligentes» con una cantidad que será fijada en el juicio.
A su vez, ha señalado que buscan que estas compañías desarrollen «estánderes razonables y verificables» para controlar y disciplinar, en caso de ser necesario, a sus distribuidores, pues, enfatiza, las empresas son conscientes de este problema, aunque argumenten «que no tienen responsabilidad cuando las armas salen a la venta».
El Gobierno solicita a estas empresas que implementen «mecanismos de seguridad» para evitar que esas armas lleguen a manos de la delincuencia, que financien campañas y estudios para concienciar sobre los males del tráfico ilegal y, en definitiva, que cesen sus «prácticas negligentes que tanto daño generan en México».
«Esta campaña no sustituye a otros esfuerzos. México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera (…). No sustituye, pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, si no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y seguirán habiendo muertos todos los días», ha recalcado.
«Esta demanda son dos años de trabajo. Vamos a litigar con toda seriedad y vamos a ganar el juicio. Vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune con respecto a quienes producen, promueven y alientan y este tráfico desde Estados Unidos», ha subrayado.
Durante la conferencia de prensa, el ministro Ebrard y el resto funcionarios del Ministerio de Exteriores que han participado han aclarado que la demanda no es contra el Gobierno de Estados Unidos, al que han reconocido sus esfuerzos por reducir este tráfico ilegal que cada día cruza la frontera hacia México.
La demanda ha sido presentada ante una corte federal en Boston, el estado de Massachusetts, contra once empresas estadounidenses de producción y distribución de armamento a las que se las acusa de «prácticas comerciales, negligentes e ilícitas», que facilitan el tráfico ilegal de armas a México.
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