Según esta demanda a la que ha tenido acceso el diario mexicano ‘El Universal’, las autoridades mexicanas consideran que parte de la industria armamentística del país vecino es consciente de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilegal de armas hacia México y no han variado sus políticas de comercialización.
«Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales», explica el Gobierno en la mencionada demanda.
En la misma línea, desde Ciudad de México se ha lamentado que las empresas armamentísticas no cumplen su deber de «distribuir cuidadosamente» sus productos pues los venden «sin estándares, condiciones o vigilancia a través de comerciantes y distribuidores intermediarios, algunos de los cuales (…) de manera imprudente o ilegal».
