A mediados de abril, un juzgado de Mérida ha concedió una primera victoria a un grupo de espeleólogos de Playa del Carmen (Quintana Roo) que advertían de la devastación de la selva en el tramo que discurre desde Cancún hasta Tulum. Los trabajos en la zona comenzaron en febrero.
Ahora, el Juzgado Primero de Distrito de Mérida ha otorgado una segunda suspensión a la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que alegaba supuestos incumplimientos constitucionales en materia de debido proceso y respeto a la naturaleza, según el diario ‘Milenio’.
La próxima fecha clave en esta batería de procesos judiciales llegará el 13 de mayo, con una vista en la que un juez decidirá si finalmente autoriza una suspensión definitiva de las obras de un proyecto que tiene como principal defensor al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los últimos cambios en el proyecto han provocado que las vías pasen por zonas de selva y sobre terrenos con cuevas y ríos subterráneos, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones ecologistas. El Gobierno, en cambio, ha asegurado que compensará cualquier posible daño a la naturaleza y ha defendido el interés económico del proyecto.
López Obrador incluso ha denunciado intenciones políticas ocultas tras la presión judicial y ha puesto en duda los intereses de los demandantes.
