«Con 85 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal», informó la cámara alta en un comunicado.
El dictamen titulado «supremacía constitucional» fue enviado ahora a la Cámara de Diputados para consumar el proceso legislativo, tras una jornada de debates entre intentos de la oposición de tomar la tribuna para frenar la votación, acción que fue impedida por la bancada oficialista que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
«Quedan reformados los artículos 105 y 107 (de la Constitución) y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen, esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado horas de debate», dijo el presidente, Gerardo Fernández Noroña, del partido gobernante, al terminar la votación.
En ese momento, los senadores opositores usaron megáfonos y sirenas en el pleno mientras gritaban: «¡Morena la dictadura!», y desplegaron una pancarta con esa leyenda.
La polémica del proyecto presentado el martes y procesado a toda velocidad por la bancada oficialista -que cuenta con la mayoría calificada de dos terceras partes de legisladores en ambas cámaras del Congreso- fue desatada desde su origen por reforzar el dominio del Poder Legislativo sobre el Judicial.
En el debate, Noroña llamó a los integrantes del Poder Judicial, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que contengan las protestas de jueces contra una reforma constitucional para elegir por voto popular a unos 1.600 magistrados de las cortes federales.
Los juzgadores inconformes mantuvieron un paro laboral durante casi dos meses en los tribunales del país, excepto casos urgentes.
El 4 de octubre la SCJN admitió una impugnación para revisar la reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso y promulgada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre, en el último mes de su sexenio.
Un magistrado de la SCJN presentará un proyecto que en las próximas semanas será sometido a votación para determinar si procede la impugnación de la reforma, con el argumento de que «viola la independencia judicial y la división de poderes».
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de «ilegal» la decisión de la SCJN de someter a revisión una impugnación de la reforma constitucional del Poder Judicial.
Numerosos jueces y magistrados inconformes han solicitado la protección del máximo tribunal mediante amparos judiciales que podrían desembocar en un fallo de la SCJN en contra de la mayoría oficialista en el Congreso.
El oficialismo argumenta que la reforma evitará que el Poder Judicial obstaculice 20 reformas promovidas por López Obrador (2018-2024) y respaldadas por su sucesora y correligionaria, que consideran un «mandato popular».
Los tres poderes del Estado mexicano están enfrascados en un conflicto que podría desembocar en una inédita controversia constitucional, si el máximo tribunal decreta que la reforma que ordena la elección de magistrados y jueces en las urnas viola la carta magna y pactos internacionales del país norteamericano.
