«Por unanimidad, con 114 votos a favor, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que reforma tres ordenamientos para establecer igualdad sustantiva, uso de medidas de protección y eliminación de brecha salarial por razones de género», publicó la Cámara Alta en su cuenta de la red social X.
Poco antes de la aprobación de los artículos reservados discutidos en un debate del pleno legislativo, una votación unánime también aprobó en lo general el dictamen de las reformas y sus artículos no reservados.
Las reformas establecen la creación de un «sistema de medidas de protección efectivo» para mujeres, adolescentes, niñas y niños que sean víctimas de violencia.
El dictamen aprobado modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
«Las reformas constituyen una de las mejores herramientas para resguardar la vida y la integridad de las niñas y las mujeres en el país», dijo la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena.
La reforma establece la obligatoriedad de contar con fiscalías especializadas, un registro nacional de medidas y órdenes de protección, y la obligación del Estado mexicano para que las medidas de seguridad y protección sean cumplidas.
La titular de la comisión senatorial en la materia consideró que, pese a los avances legislativos logrados, «aún queda un largo trecho por recorrer, sobre todo para garantizar plenamente que las mujeres puedan vivir libres y sin miedo».
Indicó además que en el país norteamericano la desigualdad, las violencias y la discriminación, «son elementos estructurales generadores de opresión y desventaja para diversos grupos».
Por parte del opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), la senadora Alejandra Barrales reconoció el avance de la reformas, pero sostuvo que «no se puede cantar victoria, porque en 2022, el 92,9 por ciento de las víctimas de violencia sexual, fueron las mujeres de entre uno y 17 años».
Además, mencionó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) «se acumularon 5.227 presuntos feminicidios y 15,634 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, de los cuales todavía 70 por ciento permanecen impunes».
Las nuevas bases de datos formarán parte del Sistema Nacional de Información, que permitirá a las autoridades «verificar la trazabilidad, cumplimiento y seguimiento de las medidas u órdenes de protección otorgadas, sus modificaciones, su conclusión o cese».
Además, se otorgan facultades y atribuciones a las instituciones de seguridad pública para otorgar medidas de protección inmediatas a las víctimas de violencia, ante las peticiones de auxilio.
Guadalupe Guadiana, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que «el registro será crucial para el seguimiento de las medidas en beneficio de las mujeres, pero hay que atacar las causas estructurales que perpetúan la violencia y la desigualdad».
La representante del opositor Partido Acción Nacional (PAN centroderecha) advirtió que el nuevo registro «contendrá información muy delicada que habrá que proteger para no revictimizar a ninguna persona».
Finalmente, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro) Carolina Viggiano consideró que el Senado no puede darse por satisfecho «cuando en el país se cometen 10 feminicidios cada día y hay miles de mujeres desaparecidas».
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para consumar el proceso legislativo.
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