Claroscuros de la reforma del sector eléctrico enfrentan al Gobierno y los empresarios en México

Torre eléctrica

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Los alcances del proyecto de reforma constitucional del sector eléctrico presentado por el oficialismo al Congreso, para otorgar a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54 por ciento del mercado, presentan claroscuros que dividen al Gobierno y los inversionistas sobre los riesgos potenciales.

La experta en derecho energético internacional Elvira Macín dijo que «el primer riesgo latente es que esta iniciativa de reforma atenta contra las muchas empresas que invirtieron en proyectos en el sector eléctrico y cambia las reglas en su perjuicio».

El Gobierno busca que el sector privado reduzca su participación en la generación de electricidad del 62 por ciento actual a 46 por ciento, mientras que la CFE aumente un 16 por ciento a su porción actual del pastel, que ahora es un 38 por ciento estatal.

Con su experiencia de una década como consultora jurídica de firmas del sector energético internacional, la especialista señala que si ese proyecto avanza en el Poder Legislativo «va a derivar en arbitrajes de inversión, ya que existen tratados internacionales que protegen esas inversiones».

Posgraduada en políticas públicas por la Universidad de Edimburgo, Macín señala que para el Estado mexicano «las indemnizaciones a pagar podrían ser estratosféricamente altas, dinero que saldrá de los contribuyentes».

Desde la apertura del sector eléctrico, impulsado por una reforma de 2013, para generar competencia y que la CFE se convirtiera en empresa productiva del Estado, las inversiones privadas en generación de energía crecieron a 44.000 millones de dólares.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechaza que los inversionistas cometan «robos a la nación» como afirma el Gobierno sobre los proyectos de generación orientados a «producir energía barata y limpia».

El gremio empresarial advirtió este miércoles que la reforma eléctrica crearía «un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional de unos 70.000 millones de dólares, en una década».

TRANSPARENCIA EN RIESGO

Entre los inversionistas hay preocupación por la intención de eliminar los organismos autónomos del Estado mexicano, como la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía.

El objetivo del Gobierno es transferir las facultades regulatorias y de operación del sistema eléctrico al Poder Ejecutivo.

Macín apunta que la falta de transparencia es el segundo riesgo latente.

«Al eliminar a los órganos reguladores independientes y autónomos para que sus facultades sean absorbidas por Secretaría de Energía, solo se concentrará el poder y abrirá la puerta a la opacidad», advierte.

Si ese paso se consuma, la reforma «estaría atentando contra la libre competencia y concurrencia de los participantes del mercado», anticipa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que los litigios puedan ampararse en las cláusulas sobre protección de inversiones establecidas en el tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC).

«La reforma eléctrica no contraviene el tratado; al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz», dijo este miércoles el jefe del Ejecutivo federal.

La reforma de 2013 introdujo la competencia y convirtió en «empresas productivas del Estado» a las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), para aumentar su eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el mandatario afirma que fue un paso más en el marco del proceso de privatización: «esto lo comenzaron desde hace 30 años», cuando empresas estatales como Telmex fueron vendidas a empresarios, como el magnate Carlos Slim.

AMENAZAS AL AMBIENTE

Macín indica que el tercer riesgo latente es el incumplimiento de los compromisos de México con el Acuerdo de París para contener el cambio climático.

«Para el 2024, las energías limpias deberían representar el 35 por ciento de la energía generada», de manera que ahora México ya no puede colocar el contaminante combustóleo (fueloil) en el mercado internacional.

Esas restricciones a los combustibles contaminantes ha generado en Pemex un exceso de combustóleo que no puede colocar en el exterior.

La petrolera estatal lo pretende vender a la CFE, que lo utilizaría en sus plantas termoeléctricas.

Si el proyecto avanza, «la CFE va a darle prioridad a las plantas termoeléctricas que operan con combustóleo, que son muy contaminantes, dejando hasta el final a las energías limpias, eólica y fotovoltaica, que producen los privados», termin la experta.

Al respecto, Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace señaló en un análisis que el proyecto de reforma «abre la puerta a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria».

Greenpeace exige «que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector».

Según el más reciente inventario de emisiones, el sector energético es el que más contamina en el país.

En cambio, los ecologistas exigen que el Estado mexicano genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la «pobreza energética», en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos.

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