AI denuncia «deficiencias» por «inacción y negligencia» en las investigaciones de feminicidios en México

En el informe ‘Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México’, AI también ha señalado que las «deficiencias» de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en cuestión lleva a la pérdida de pruebas, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.

«Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes», reza el informe, que manifiesta que las falencias coinciden con otras investigaciones puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos.

De hecho, algunos casos de feminicidios estudiados en Ciudad Juárez o Chihuahua ocurrieron hace más de 20 años, lo que a juicio de AI sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una «realidad más amplia» del país y no se circunscriben únicamente al Estado de México.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

CUATRO CASOS «EMBLEMÁTICOS»

El informe de AI ha documentado cuatro casos de feminicidio precedidos de desaparición «emblemáticos» y ha analizado específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Se trata de los casos de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, aún en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El trabajo demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan «correctamente» el lugar de los hechos y no resguardan de «forma apropiada» las evidencias recolectadas. Asimismo, según AI, no realizan pruebas periciales o diligencias, lo que causa la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Además, las autoridades «no siempre» examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva que las familias de las víctimas –generalmente las mujeres– asuman el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos.

También se dan casos en los que las autoridades «amenazan y acosan» a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Por otra parte, las autoridades «no siempre» aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

No obstante, el informe también demuestra que las autoridades de la FGJEM «no tienen las condiciones necesarias» para llevar a cabo las investigaciones debido a una «sobrecarga de trabajo» y una «carencia de insumos materiales» para llevar a cabo algunas tareas.

«Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción», agrega el trabajo, que pide una «mayor formación especializada» para que el personal del FGJEM lleve a cabo investigaciones adecuadas.

La directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares Ferreto, ha pedido a las autoridades estatales «prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios», al tiempo que ha recordado que, como parte de México, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte.

En este grupo ha incluido las convenciones de Belem do Pará o del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres.

«El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades», ha agregado Olivares, subrayando que es por eso por lo que AI insiste «en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales».

RECOMENDACIONES

El informe emite una serie de recomendaciones para paliar lo denunciado. Así, a la FGJEM pide que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función «de forma eficiente» y «en condiciones de trabajo dignas», así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.

Al Congreso del Estado de México aconseja que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera «adecuada».

AI pide a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.

Por último, aconseja a las autoridades federales que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

AI ha acompañado la publicación del informe con la campaña ‘#HastaSerEscuchadas’, que tiene el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

«Desde Amnistía Internacional seguiremos alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas», ha resumido Olivares.

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